El general y los muertos

Jorge Ramos Ávalos

en REFORMA

24 Oct. 2020

¿Cuál es el plan?

Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia han asesinado a 63,792 mexicanos. No hay otros datos. Esas son las cifras oficiales del gobierno mexicano de homicidios dolosos del 1o. de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2020.

Conclusión: el gobierno de AMLO no ha podido con la violencia.

Alfonso Durazo tampoco pudo. El encargado de reducir la violencia reconoció en su última conferencia de prensa como secretario de Seguridad Pública que “no podíamos fingir que iba a ser fácil resolver el problema”. Y al final ni fingió ni lo resolvió; se va de candidato a la gubernatura de Sonora. Pero quien lo reemplace tampoco podrá resolver el problema si no hay un plan realista y efectivo.

El 2020 puede convertirse en el año más violento en la historia moderna de México, incluso con más mexicanos asesinados que los 34,669 del 2019. Hay que ser sinceros: lo que ha hecho AMLO hasta el momento no ha funcionado. Sus cifras anuales de muertos superan a las de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, según cifras oficiales y un estudio de la Universidad Rice.

Militarizar a la recién creada Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados. La violencia los ha desbordado. Tampoco es una buena idea otorgar al Ejército el control de puertos, aduanas y del nuevo aeropuerto. En una democracia ese es el trabajo de civiles; el lugar de los soldados no está en las calles sino en los cuarteles. Y tras el arresto del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa durante la Presidencia de Peña Nieto (2012 al 2018), surgen nuevas dudas sobre la fallida estrategia nacional contra la violencia.

Cienfuegos -arrestado en Los Ángeles, no en México- está acusado de facilitarle el trabajo a un cártel para el tráfico de drogas a cambio de sobornos. Un juez le negó la fianza ante el peligro de que se fugue. Es la primera vez que un secretario de la Defensa de México es arrestado por narcotráfico y, de confirmarse los cargos, hablaría de gravísimos problemas dentro del Ejército mexicano.

Si esto es cierto, Cienfuegos no pudo actuar solo y habría que investigar si posibles cómplices siguen dentro de la institución castrense. Un problema similar ocurrió tras el arresto de Genaro García Luna en Texas, acusado por un juez de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.

La gran tragedia mexicana es que dos de los principales funcionarios encargados de luchar contra la violencia durante 12 años podrían haber estado del lado equivocado. Y si Cienfuegos y García Luna resultan culpables, ¿cuántos más no habrá actualmente en puestos de autoridad?

Esta es nuestra triste realidad. Ante lo cual hay solo dos posibilidades: te quejas y culpas a Cienfuegos y a García Luna por todos los males de México o haces algo al respecto. Desafortunadamente AMLO ha decidido usarlos como una excusa para justificar su falta de resultados en la lucha contra la violencia.

Vamos a hacer memoria. Esto es lo que dijo López Obrador el 22 de agosto del 2019: “No quiero seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración. Ya es nuestra responsabilidad… Hay graves, grandes problemas nacionales y los tenemos que enfrentar”. Pero en sus conferencias de prensa matutinas -las mañaneras- sigue culpando, precisamente, a gobiernos anteriores por sus errores y por su falta de efectividad.

Las encuestas indican que López Obrador sigue siendo un Presidente muy popular. Pero me llama mucho la atención cómo en redes sociales los seguidores de López Obrador no le exigen resultados, como si las 63,792 muertes por la violencia y las casi 90 mil por la pandemia no importaran.

Al final, si algo he aprendido de cubrir a todo tipo de presidentes durante más de tres décadas, es que los muertos no se pueden ocultar. Los muertos no se van, nos persiguen y siempre acaban por debilitar y asustar a los líderes que pretenden esconderlos.

En enero de este año fui a una mañanera de López Obrador en la Ciudad de México y, después de revisar las terribles cifras de asesinatos durante su gobierno, le pregunté: “¿Cuándo va a haber resultados?”. Y su respuesta fue: “Este año”.

Ya veremos.

 @jorgeramosnews

Fuente: https://www.reforma.com/el-general-y-los-muertos-2020-10-24/op191462?pc=102

Así descubrió EU quién era ‘El Padrino’

A través de intercepción en comunicaciones de un cártel, agentes de EU descubrieron que Salvador Cienfuegos era la persona que buscaban. Foto: Archivo

Azam Ahmed y Alan Feuer / NYT News Service

Discos compactos. de México (16 de octubre de 2020) .- Los agentes de la ley estadounidenses escuchaban, por medio de una intercepción de comunicaciones, mientras miembros de un cártel mexicano charlaban durante una llamada telefónica sobre una figura poderosa y sombría conocida como “El Padrino”. 

Estos agentes se están acercando a él durante meses y sospechaban que esta figura, central en el tráfico de drogas, era un alto funcionario del Ejército mexicano. 

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De repente, una de las personas vigiladas le dijo a sus compañeros del cártel que “El Padrino” estaba en la televisión en ese mismo momento.

Los agentes -según contaron cuatro funcionarios estadounidenses involucrados en la investigación- revisaron rápidamente para ver quién era y encontraron que se trataba del secretario de Defensa mexicano, el general Salvador Cienfuegos.

En ese momento, relataron las autoridades, finalmente confirmon que el patrón misterioso de uno de los cárteles de la droga más violentos del país era en realidad el líder encargado de librar la guerra de México contra el crimen organizado.

Fue una muestra impresionante de cuán profundos eran los zarcillos del crimen organizado en México. 

El jueves por la noche las autoridades estadounidenses detuvieron a Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles mientras viaja con su familia.

Incluso para México, un país habituado a la violencia y la corrupción implacables que se han apoderado de él durante años, el arresto fue nada menos que extraordinario, ya que rompió con el velo de invencibilidad que las Fuerzas Armadas de la nación donde disfrutado durante mucho tiempo.

Cienfuegos, Ministro de Defensa de México de 2012 a 2018, ha sido acusado de lavado de dinero y tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana desde fines de 2015 hasta principios de 2017, conforme a una acusación revelada hoy en el Distrito Este de Nueva York.

Los cargos son el resultado de una operación de varios años, el cual fue bautizado por los investigadores como “Operación Padrino”.

Las autoridades han aseverado que Cienfuegos ayudaron al cartel H-2, un grupo criminal que cometió horribles actos de violencia como parte de su negocio de contrabando de drogas, con sus envíos marítimos.

A cambio de pagos lucrativos, relataron las autoridades, Cienfuegos también dirigió las operaciones militares de México a modo que no entorpecieran las actividades del cártel. Asimismo, coordinó algunas hacia los rivales de la agrupación delictiva. 

La noticia no sólo ensombreció la lucha de México contra el crimen organizado, sino que también subrayó el alcance de la corrupción en los niveles más altos del Gobierno.

Cienfuegos fue Ministro de Defensa durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, quien dejó el cargo hace dos años.

Es difícil exagerar el daño a México. El arresto del general se produjo sólo 10 meses después de que otro alto funcionario del país latinoamericano -quien una vez dirigió el equivalente mexicano del FBI- fuera acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger al Cártel de Sinaloa, una de las mafias criminales más poderosas de México.

Dicho funcionario, Genaro García Luna, se desempeñó como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones de México de 2001 a 2005, y durante los siguientes seis años fue Secretario de Seguridad Pública de México, un cargo a nivel de gabinete. En ese rol, tenía la tarea de ayudar al entonces Presidente, Felipe Calderón, a crear la estrategia de la nación para combatir los cárteles.

Si ambos individuos resultan condenados, significaría que dos de los comandantes de más alto rango y más respetados que hayan supervisado la guerra contra las drogas en México trabajaban con el crimen organizado y ayudaban a los cárteles que continúan matando un número récord de mexicanos.

Los dos casos también han puesto en entredicho el papel estadounidense en la guerra contra las drogas. Durante años, los funcionarios estadounidenses han ayudado a moldear y financiar las estrategias de México y han confiado en sus homólogos mexicanos para operaciones, inteligencia y una amplia cooperación de seguridad.

Si las acusaciones se mantienen, algunos de esos mismos líderes mexicanos habrían jugado un doble juego.

“La dificultad de trabajar en México, donde tienes este nivel de corrupción, es que nunca sabes realmente con quién estás trabajando”, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.

“Siempre existe la preocupación de que la Policía mexicana pueda comprometerlo a usted,

Tanto García Luna como Cienfuegos ocuparon la cima del Gobierno cuando los homicidios se dispararon a niveles históricos, los cárteles de la droga declararon la guerra y las operaciones militares se expandieron.

Con una presencia voluble, Cienfuegos simbolizó el papel prominente que ha jugado el Ejército en México. A los comandantes se les concede una extraordinaria autonomía, rara vez se someten a presiones políticas y, por lo general, disfrutan de la protección del Presidente.

“Nunca ha habido un Ministro de Defensa detenido en México”, comentó Jorge Castañeda, ex Ministro de Relaciones Exteriores mexicano.

“El Ministro de Defensa de México es un tipo que no sólo dirige el Ejército y es militar, sino que reporta directamente al Presidente.

Debido a ese poder y autonomía, los analistas han sospechado durante mucho tiempo de algunos líderes importantes de corrupción, cuyo estatus elevado les evitó ser investigados. 

“Esto es muy importante”, consideró Alejandro Madrazo, profesor del CIDE.

“El Ejército se ha vuelto mucho más corrupto y abusivo desde que se declaró la guerra contra las drogas y por primera vez puede que no sean intocables, pero no por el Gobierno mexicano, por el Gobierno estadounidense”.

Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al Ejército y denunció a los malos actores en él. Sin embargo, no estaba claro si López Obrador daría un paso atrás en cuanto a su fuerte dependencia al Ejército, cuyo rol ha expandido durante su Administración.

El Ejército mexicano ha sido una parte central de la seguridad nacional desde la lucha contra el narcotráfico en 2006, con soldados desplegados en las regiones invadidas por el crimen organizado. El Secretario de la Defensa supervisa ese esfuerzo.

El uso de soldados entrenados en combate pero no en tareas de policía ha conllevado problemas más allá de la corrupción. Con el Ejército al frente y el centro de la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno mexicano no ha construido una fuerza policial eficaz. 

En diciembre de 2017, México aprobó una ley de seguridad que cimentó el papel de los militares en la lucha contra las drogas, indignando a Naciones Unidas y grupos de defensa de derechos humanos.

Advirtieron que la medida conduciría a abusos, dejaría a las tropas en las calles indefinidamente, y militarizaría las actividades policiales en el futuro previsible.

Cienfuegos jugó un rol crucial en convencer a los políticos para que aprobaran la ley, que dio al Ejército permiso legal para hacer lo que llevaba haciendo por una década sin autorización explícita. En un punto, amenazó con retirar sus tropas de las calles, argumentando que no estaban entrenadas para seguridad doméstica y estaban expuestas legalmente.

El Ejército ha sido señalado repetidamente por abusos de derechos humanos y el uso de fuerza excesiva, incluidas acusaciones de asesinatos extrajudiciales que acosaron a las fuerzas armadas durante el mandato de Cienfuegos como Ministro de Defensa.

Fuente:https://www.reforma.com/asi-descubrio-eu-quien-era-el-padrino/ar2051946?referer=–7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a–

Arrestan en Los Ángeles al ex ministro de Defensa de º

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue detenido en el aeropuerto, es el primer oficial militar mexicano de alto rango en ser detenido en los Estados Unidos en relación con la corrupción relacionada con las drogas.

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, a la izquierda, entonces secretario de Defensa de México, y el presidente Enrique Peña Nieto en 2016.Crédito … Rebecca Blackwell / Prensa asociada

Por Azam Ahmed

16 de octubre de 2020 Actualizado 4:48 am ET

CIUDAD DE MÉXICO – Un exministro de Defensa mexicano fue arrestado el jueves por la noche después de llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con su familia, según el gobierno mexicano, convirtiéndose en el primer oficial militar de alto rango en ser detenido en Estados Unidos en relación con corrupción relacionada con las drogas en su país.

El exfuncionario, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue ministro de Defensa de México de 2012 a 2018, fue arrestado por funcionarios estadounidenses a solicitud de la DEA y enfrentará cargos de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos, según un oficial de la ley federal en Nueva York.

La noticia no solo empaña la lucha de México contra el crimen organizado, sino que también subraya las fuerzas de la corrupción que ver a los más altos niveles del gobierno. El general Cienfuegos fue ministro de Defensa durante todo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien dejó el cargo hace dos años.

El arresto del general Cienfuegos se produce 10 meses después de que el oficial de policía retirado que una vez dirigió el equivalente mexicano del FBI fuera acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger al cartel de la droga de Sinaloa, una de las mafias criminales más poderosas de México.

El funcionario, Genaro García Luna, se desempeñó como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones de México de 2001 a 2005, y durante los siguientes seis años fue secretario de seguridad pública de México, un cargo a nivel de gabinete. En ese cargo, tenía la tarea de ayudar al entonces presidente, Felipe Calderón, a crear su estrategia para combatir los cárteles de la droga de su país.

Tanto el Sr.García Luna como el General Cienfuegos sirvieron en los niveles más altos del gobierno mexicano en un momento en que los homicidios se dispararon a niveles históricos, los cárteles de la droga hicieron la guerra y, con Peña Nieto, las operaciones militares se expandieron.

“Nunca ha habido un ministro de Defensa en México arrestado”, dijo Jorge Castañeda, ex ministro de Relaciones Exteriores mexicano. “El ministro de Defensa de México es un tipo que no solo dirige el ejército y es militar, sino que reporta directamente al presidente. No hay nadie por encima de él excepto el presidente “.

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó el arresto en una publicación de Twitter. Dijo que solo el jueves por la noche el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le había dicho que el general Cienfuegos había sido detenido.

Los cargos exactos que enfrentará al general Cienfuegos no fueron claros de inmediato, y los funcionarios de la Administración de Control de Drogas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“Este es un gran problema”, dijo Alejandro Madrazo, profesor del CIDE, una universidad en la Ciudad de México. “Los militares se han vuelto mucho más corruptos y abusivos desde que se declaró la guerra contra las drogas, y por primera vez no pueden ser intocables, pero no por el gobierno mexicano, por el gobierno estadounidense”.

El ejército mexicano ha desempeñado un papel central en la seguridad pública desde que comenzó la represión de los carteles de la droga en 2006, desplegando soldados en regiones invadidas por el crimen organizado. El secretario de Defensa supervisa ese esfuerzo.

Las sospechas de corrupción en el ejército mexicano han surgido durante mucho tiempo en conversaciones privadas, pero el ejército tiene una autonomía extraordinaria, rara vez se somete a las presiones políticas y generalmente disfruta de la protección del presidente, que depende de él para la defensa interna de la nación.

Con el frente y el centro militar en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno mexicano nunca ha construido una fuerza policial eficaz. El uso de soldados entrenados en combate pero que no son policías ha traído sus propios problemas.

En diciembre de 2017, México aprobó una ley de seguridad que cimentó el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra las drogas, indignando a las Naciones Unidas ya los grupos de derechos humanos locales e internacionales. Advirtieron que la medida conduciría a abusos, dejaría tropas en las calles por tiempo indefinido y militarizaría las actividades policiales en el futuro previsible.

El general Cienfuegos defendió repetidamente al ejército, diciendo que era la única institución que se enfrentaba efectivamente al crimen organizado. A medida que la violencia del narcotráfico se disparó en los últimos años, pidió una y otra vez que el gobierno federal proporcione un marco legal que proteja a las fuerzas, y dijo que la necesidad era mayor que nunca.

“Hoy los delitos que enfrentamos son de otro nivel e importancia; involucran a mucha gente, a veces familias enteras, y estamos actuando sin un marco legal ”, dijo el general Cienfuegos en marzo de 2018. “Sin él, nuestra ayuda se ve obstaculizada”.º

Aún así, el ejército ha sido señalado en repetidas ocasiones por abusos de derechos humanos y uso de fuerza excesiva, incluidas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales que acosaron a las fuerzas armadas durante el mandato del general Cienfuegos como ministro de Defensa.

Pero ningún oficial militar mexicano de alto rango ha sido acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas. Dichos cargos representarían un nuevo frente en el esfuerzo por combatir la corrupción y el poder extraordinario que ejerce el crimen organizado en México.

El arresto del general Cienfuegos no parece haber sido una operación conjunta con el gobierno mexicano. El caso contra el señor García Luna, el policía retirado, fue el resultado directo del testimonio en el juicio de Nueva York del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, quien dirigía el cartel de Sinaloa. El viernes por la mañana no estaba claro si el arresto del general Cienfuegos también estaba relacionado con el caso contra Guzmán, quien fue condenado en febrero de 2019 luego de un juicio de tres meses en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn.

El juicio de Guzmán expuso el funcionamiento interno de su cartel en expansión, que durante décadas envió toneladas de drogas a Estados Unidos y plagó a México con un incesante derramamiento de sangre y corrupción.

En 2016 y 2017, los años en que Guzmán fue arrestado por última vez y enviado a Nueva York para ser procesado, en un momento en que el general Cienfuegos era ministro de Defensa, la producción de heroína mexicana aumentó en un 37 por ciento y las incautaciones de fentanilo en el suroeste. frontera más del doble, según la Administración de Control de Drogas.

La DEA Dijera a medida que se desarrollaba el caso contra el Sr. Guzmán que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación “siguen siendo la mayor amenaza criminal de drogas” para Estados Unidos.

El procesamiento del caso Guzmán tardó años en prepararse, y su juicio se basó en el trabajo de investigación del FBI, la DEA, la Guardia Costera de los Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional y fiscales federales en Chicago, Miami, San Diego, Washington , Nueva York y Estados Unidos. El Paso, Texas. El equipo del juicio también se basó en decenas de policías locales estadounidenses y las autoridades de Ecuador, Colombia y República Dominicana

Testigos declararon que se pagaron sobornos al Sr. García Luna y una gran cantidad de generales y oficiales de policía mexicanos, y casi todo el congreso de Colombia.

“Una de las cosas importantes de esta condena es que envía un mensaje contundente”, dijo en ese momento Ángel Meléndez, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional. “No eres inalcanzable, no eres intocable, y llegará tu día”.

Los reportajes fueron aportados por Natalie Kitroeff de la Ciudad de México, Zolan Kanno-Youngs de Washington, Alan Feuer de Nueva York y Mike Ives de Hong Kong.

Fuente:https://www.nytimes.com/2020/10/16/us/mexico-general-cienfuegos-dea.html?referringSource=articleShare

Detienen en EU al General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.

REDACCIÓN 
15/10/2020
Actualización 16/10/2020 – 3:03
El general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, informó el canciller Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter.

La detención de Cienfuegos se dio a petición de la DEA por los presuntos ilícitos de narcotráfico y lavado de dinero. Ebrard detalló que fue informado de la detención por el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau y agregó que la cónsul mexicana en Los Ángeles le estará informando en las próximas horas de los cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional

“Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, indicó Ebrard.

De acuerdo con la periodista estadounidense Ginger Thompson, de ProPublica, Cienfuegos fue detenido por las autoridades americanas cuando arribó a ese país la tarde de este jueves en un viaje con su familia.

Cienfuegos es el segundo funcionario de alto nivel en materia de seguridad de las anteriores administraciones que es detenido en Estados Unidos. Actualmente, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón, está detenido y sometido a juicio en una Corte de Nueva York por presuntamente brindar protección al Cártel de Sinaloa.

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Los 15 videos de Pío

4:50

Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

rivapa

El primer párrafo de su discurso con motivo del Segundo Informe de Gobierno, afirma Andrés Manuel López Obrador, será sobre corrupción, el mal de todos los males mexicanos, caballo de batalla y eje central de su narrativa para demoler el pasado y consolidar el presente. Ya lo escucharemos hoy, no sólo en las primeras líneas de su mensaje, sino a lo largo del discurso que pronunciará en el Patio de Honor de Palacio Nacional, que será probablemente una reiteración de lo que le hemos escuchado por años, reciclado por el reguilete de imputaciones y acusaciones contra funcionarios de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. El contexto, sin embargo, es diferente entre antes, que era un líder opositor, y hoy, que es Presidente de la República.

Por eso es importante lo que dijo en la conferencia mañanera de ayer y su predicar con el ejemplo, donde si un presidente es corrupto, los demás lo seguirán, pero si es honesto, como se asume él, las cosas cambiarán. Está muy bien lo que propone; ahora sólo le falta que lo cumpla. 

No habría nada más contundente de que su palabra vale, que pase por el mismo rasero que a muchos otros, a su hermano Pío, a quien pillaron en un video recibiendo un millón de pesos de un alto exfuncionario del gobierno federal, y en ese entonces consultor del gobierno de Chiapas, David León.

Pero pasarlo por el mismo rasero no significa que haga lo mismo que con muchos otros, que sin pruebas ni investigación de por medio, por conjeturas y dichos, lo juzgue públicamente en el patíbulo presidencial, lo sentencie y abra la puerta a las horas para su linchamiento. La justicia no es justiciera, sino debe ser alcanzada mediante la salvaguarda de los derechos humanos que exigen la presunción de inocencia. Pío López Obrador será inocente hasta que le demuestren que es culpable.

Su caso, sin embargo, está hecho a la medida para que el Presidente muestre de qué está hecho. Con el video ya difundido se tropezó, y aunque como admitió, supo de él con una semana de antelación, no hizo nada como un proceso jurídico adecuado recomendaría: que su hermano se presentara ante la autoridad correspondiente a aclararlo, porque presuntamente ese dinero, que tenía un fin político, es un delito. 

Si el Presidente quiere justificar que las causas, o sus causas, no reciben dinero ilícito sino “donaciones”, porque si se trata de su movimiento y partido son contribuciones legales y legítimas, pero si son de sus adversarios es corrupción, el argumento no pasa ningún análisis.

Ahora tiene una nueva oportunidad para probar que su ética lo impregna y no es una liga que se estira en función de sus necesidades políticas, porque el video de Pío no es el único sobre él. Dentro de Palacio Nacional tienen conocimiento de la existencia de al menos 15, en donde está recibiendo dinero por cantidades que promedian el millón de pesos. No se sabe el origen del dinero, por lo que la investigación, por ser recursos de origen desconocido, tendría que haber sido judicializada como un presunto crimen de delincuencia organizada –como ha hecho la Fiscalía General en otros casos, aun cuando se trata de peculado–, y la Unidad de Inteligencia Financiera habría congelado las cuentas bancarias del señalado y de todos sus cercanos.

Bajo el método de este gobierno, las cuentas de Pío López Obrador y toda su familia, tendrían que haber sido congeladas, dentro de esta perversa racional de primero actúan y luego averiguan. Afortunadamente, aunque sea por las peores razones –¿cómo aplicarían el mismo rasero al hermano del Presidente?–, la Fiscalía General no actuó como lo ha venido haciendo. Pero tampoco parece estar haciendo lo conducente, investigar. Ya existen las denuncias de hechos, presentadas por el PAN, que la obliga a hacer su trabajo.

Pero el video, que en el fondo debe ser lo que inhibe a todos en el gobierno federal si se investigara como debiera, destaparía una cloaca. Las 15 grabaciones que existen de Pío son parte de una videoteca de tres años, por lo que se presume que el número de políticos sobre los cuales hay pruebas visuales –que no judiciales– de que recibieron dinero presuntamente para fines aviesos, es bastante voluminoso. De esos dineros, dijeron personas que conocen del método y la distribución de recursos desde el sur, salieron apoyos para políticos de diferente sino en Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, cuando menos. 

Esa videoteca, sin embargo, es una bomba que tiene la mecha prendida, pues desde hace aproximadamente un año fue robada del lugar donde se encontraba. Quien la tiene en su poder, puede ir administrando los videos de Pío o de muchos otros a discreción, en función de los tiempos políticos. Todavía no se sabe quién filtró el video de Pío, y menos aún cuándo y cómo podrían venir los siguientes.

Al saber el Presidente del riesgo que existe por la existencia de una videoteca comprometedora para su hermano y quién sabe para cuántos de sus aliados, tiene también en sus manos la posibilidad de actuar y controlar preventivamente el daño que puedan causar. Tiene que vacunarse, y el primer paso es que Pío sí sea investigado por la Fiscalía, que declare ante la autoridad y que se aclare el dinero recibido o pague por lo que hizo, si llegara a ser culpable. 

Para un político que no parece tener escrúpulos, el sacrificio de un hermano es menos costoso que la destrucción de su anhelado proyecto de Nación. Pero sobre todo, López Obrador tiene que ser un líder congruente y, como dice, barrer la corrupción de arriba hacia abajo; predicar con el ejemplo dice que está en su sangre. Que empiece con su hermano.

FUENTE:https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/los-15-videos-de-pio

La negociación de Lozoya (I)

 

13/07/2020

Actualización 13/07/2020 – 7:22

Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

rivapa

Emilio Lozoya estaba decidido a pelear la extradición de España, pero la familia lo fue debilitando. Su padre, Emilio Lozoya Thalman, habló muchas horas con él para persuadirlo que se entregara, ante la amenaza de la Fiscalía General en México que profundizarían las investigaciones y las presiones sobre su madre, en arraigo domiciliario, su hermana y su esposa, que se encuentra en Alemania –aunque habla con él por teléfono de manera regular–, si no aceptaba colaborar. La doble pinza lo llevó a entregarse y aceptar que lo extraditaran para ser juzgado en su país. Pero no fue voluntario, como afirmó el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino como producto de una negociación, como corrigió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La entrega del exdirector de Pemex no fue una acción unilateral. Personas con conocimiento del caso revelaron que detrás de todo se dio una negociación tan amplia, que incluso los términos de la carta que envió a Gertz Manero la redactó al alimón con abogados de la Fiscalía. Este procedimiento irregular arroja luz sobre lo que veremos en los próximos meses, un proceso jurídicamente heterodoxo, pero dúctil a manipulaciones. 

La negociación estableció que los temas centrales, avalados por López Obrador, sean la participación del conglomerado Odebrecht en la construcción y mantenimiento de las refinerías Etileno XXI y Tula, y la compra de Agronitrogenados, filial de Altos Hornos de México, por la cual detuvieron en España a Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración, que aceptó vender al Grupo Villacero, de Julio Villarreal, bien conectado en Palacio Nacional. El gobierno quiere concentrar las acusaciones de Lozoya en esos casos, donde dijo López Obrador, hay “personas de relevancia” y grupos políticos involucrados. 

López Obrador asegura que lo que diga Lozoya permitirá “purificar” la política, y para ello le darán “protección”, que incluiría no pisar la cárcel al regresar a México, sino ser ingresado en el Hospital Militar de la capital federal, con el pretexto de que al haber estado en una prisión madrileña durante la pandemia del Covid-19 en ese país, debe estar en cuarentena.

Mientras transcurre, según el plan, durante ese periodo presentará tres testigos para apoyar sus dichos. Dos de ellos eran trabajadores de mucha confianza de él, su secretario particular y su chofer. Los fiscales esperan que aporten rutas, horarios, fechas y destinatarios de dinero que presuntamente les enviaba Lozoya en pago por servicios políticos, particularmente durante las negociaciones del Pacto por México. 

Lozoya y sus familiares, de acuerdo con la negociación, se apegarían al beneficio del criterio de oportunidad, en donde a cambio de su colaboración, no se ejerce acción penal contra ellos. Adicionalmente, entregaría su casa en Lomas de Bezares, que presuntamente fue adquirida con dinero que le dio Odebrecht por ayudarlos a conseguir contratos de obra pública.

El caso se construirá a partir de las delaciones que ha hecho Lozoya de que fue responsable de haber repartido dinero para comprar apoyos en la oposición para lograr la aprobación de la reforma energética, que dejaría expuestos a los dos secretarios más poderosos del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, en ese entonces secretario de Hacienda, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Videgaray es el más señalado como uno de los objetivos de Lozoya. Osorio Chong sería involucrado de manera indirecta, al iniciarse un proceso, según el plan, en contra de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia y ligado al Grupo Hidalgo, involucrado en el Caso Odebrecht, en la refinería de Tula. Lozoya se enfocará, de acuerdo con las líneas generales de lo que aportará a la Fiscalía, en Videgaray y en el propio Peña Nieto. No obstante, es todavía incierto si Gertz Manero centra la investigación en ellos, porque el objetivo central del gobierno no está en el PRI, sino en el PAN.

Son varios objetivos específicos que el gobierno desea señalar con las aportaciones de Lozoya, de acuerdo con las personas que conocen del caso, en donde figuran varios dirigentes panistas en aquel momento, como Ricardo Anaya, que presidía al partido, y los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Los dos han sido reconocidos como buenos operadores políticos, y el próximo año habrá elecciones para gobernador en Querétaro. Las de Tamaulipas serán en 2022. 

Bajo los términos del acuerdo de Lozoya con la Fiscalía General para ir en contra de gobernadores panistas, se encuentra la lógica política-electoral detrás de la negociación con el exdirector de Pemex. López Obrador necesita mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para que pueda consolidar sus proyectos y afianzar el desmantelamiento de las reformas peñistas que fortalecerían las suyas. Los testigos que pondría Lozoya a disposición de las autoridades son las piezas para construir un caso contra ellos.

En todo este abanico de acusaciones contra culpables e inocentes, la tolvanera que levante se empatará con la campaña electoral en 2021, donde el adversario más fuerte que tiene Morena en algunas regiones del país, en este momento, es el PAN. Este es el quid pro quo negociado con Lozoya, quien será un instrumento político contra la oposición, a cambio de la libertad de su familia y una justicia laxa contra él. 

Pero no es todo para lo que la Fiscalía desea a Lozoya, según las personas que conocen el caso. Por debajo del objetivo electoral para lo cual se realizó la negociación, están los ajustes de cuentas y las venganzas de Gertz Manero y de Lozoya en contra de distintas personas, que se cruzarán en el proceso, y que involucran no sólo opositores del gobierno de López Obrador, sino funcionarios de su administración y de Morena, cuyos nombres también están en camino de ser exhibidos, además de a quien ha protegido el Presidente hasta ahora: Peña Nieto.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/la-negociacion-de-lozoya-i

Hijo de Bartlett recibe contratos por 162 millones del gobierno de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (I), y el director de la CFE, Manuel Bartlett, en una conferencia de prensa el 8 de febrero de 2019. (ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

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Columnista, Post Opinión
May 3, 2020 at 7:47 p.m. CDT

El 30 de abril, día del Niño en México, el hijo de uno de los funcionarios más polémicos del gabinete del presidente, Andrés Manuel López Obrador, recibió un regalo espectacular: el gobierno para el que trabaja su papá le otorgó, por asignación directa —sin licitación—, un contrato por 94.9 millones de pesos.

León Manuel Bartlett Álvarez es el dueño de la empresa Cyber Robotics Solutions. Su padre es Manuel Bartlett Díaz, un viejo político con un expediente negro quien, desde hace año y medio, se desempeña como director general de la Comisión Federal de Electricidad.

El 30 de abril, el hijo de Bartlett recibió un contrato por 94.9 millones pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin licitación, amparado en las reglas de compras por la emergencia a consecuencia del coronavirus. Es para proveer equipo de “ultrasonido torácico (portátiles de mesa) para tórax y pulmón”. El fallo fue el 30 de abril y el contrato debe firmarse el lunes 4 de mayo, según consta en el acta de adjudicación directa AA-051GYN020-E6-2020.

Acta de adjudicación a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez. (Fotografía tomada de Compranet)
Acta de adjudicación a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez. (Acta de adjudicación a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez. Fotografía tomada de Compranet)

No es el único contrato de la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez con el gobierno del que su padre es un alto funcionario: los tiene con el Ejército, la Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros con el ISSSTE. Son al menos siete contratos que suman 162 millones de pesos, según puede comprobarse en el portal de transparencia Compranet.

 

El segundo contrato firmado por 23.4 millones de pesos es con la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco hubo licitación de por medio. Entró en vigor el 1 de enero. La descripción señala: “Contratación del servicio de mantenimiento integral plurianual 2020-2023”. El procedimiento de adjudicación tiene el folio AA-007000999-E684-2019.

Un tercer contrato es con la Secretaría de Marina por 4.9 millones de pesos. El procedimiento de adjudicación directa es el AA-013000999-E379-2020 por concepto de “Servicio de mantenimiento preventivo en dos sesiones y todos los correctivos a 01 sistema de cirugía robótica asistida para atención”, que se firmó e inició su vigencia el 10 de abril.

Existe registro de dos contratos más con el IMSS. Uno por 8.2 millones de pesos y otro por 31 millones. Este último inició el 20 de abril y fue revelado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por la compra de ventiladores para los pacientes más graves de COVID-19. El de 8.2 millones data del 25 de febrero de este año y es por “Servicio de mantenimiento preventivo correctivo” a un acelerador lineal dedicado a radiocirugía robótica en el hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El procedimiento de adjudicación —en este sí hubo una licitación pública— es el LA-050GYR051-E20-2020.

Además del de 94.9 millones de pesos citado al inicio, hay otros dos contratos de Cyber Robotics Solutions con el ISSSTE —ambos sin licitación— por montos menores: 275,000 pesos por “adquisición de material radiológico (material fotográfico y productos químicos)” y 65,000 pesos por “adquisición de termómetros”. Los folios son AA-051GYN036-E7-2020 y AA-051GYN036-E14-2020, respectivamente.

La revelación de estos contratos con el hijo de un alto funcionario pone de nuevo en entredicho la congruencia del gobierno mexicano en su proclamada lucha contra la corrupción. Si bien no se ha comprobado aún nada ilegal en los contratos del hijo de Bartlett con el gobierno federal, despiertan suspicacias los montos económicos, que la mayoría hayan sido adjudicaciones directas y no hayan pasado por ningún concurso y, sobre todo, que se trate de la empresa del hijo de un alto funcionario.

Comportamientos similares en gobiernos pasados fueron severamente criticados por el presidente López Obrador cuando era dirigente opositor. El presidente ha dicho que llegó para limpiar al sistema, que no le basta la legalidad, sino que exige moralidad y ética. Bartlett es el rostro que desmonta el discurso anticorrupción del presidente.

Manuel Bartlett Díaz es quizá el integrante más polémico del gabinete de López Obrador. Por su pasado, es incómodo para muchos integrantes del gobierno y de Morena, el partido del presidente. Cuando México era un régimen de partido único, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Bartlett fue un temido secretario de Gobernación, denunciado públicamente por toda suerte de atrocidades criminales y políticas, y también se desempeñó como secretario de Educación Pública. De ahí pasó a ser gobernador del estado de Puebla. Al terminar este encargo, el PRI había caído en desgracia y Bartlett se sumó al movimiento que desde entonces construía López Obrador. Fue senador y ahora dirige la empresa de electricidad del Estado.

En septiembre de 2019, se publicaron en W Radio dos reportajes de Arelí Quintero que documentaban que Bartlett, su pareja, Julia Abdala, y su hijo, León Manuel, son propietarios de 23 casas y 12 empresas, las cuales no habían sido declaradas parte de su patrimonio ni transparentadas como posible conflicto de interés por el funcionario. El asunto se volvió un escándalo pues desde entonces cuestionó la principal bandera del lopezobradorismo: el combate a la corrupción.

Sorprendentemente para muchos, López Obrador apoyó a Bartlett de inmediato, lo cual generó una enorme indignación ciudadana. Administrativamente, se ordenó una investigación a cargo de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, cuyo resultado se reveló en el período vacacional de diciembre: Bartlett fue oficialmente exonerado. Se desató otro escándalo que cuestionó el papel de la secretaria Sandoval y del presidente.

Con la colaboración de Mario Gutiérrez Vega.

Nota del editor: Se buscó a León Manuel Bartlett y a la empresa Cyber Robotics Solutions para conocer su postura, pero no se obtuvo una respuesta.

Negocios al vapor para ganar contratos con la 4T

 

ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ / QUINTO ELEMENTO LAB 29 febrero, 2020

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Foto: Benjamín Flores

La llegada del gobierno lopezobradorista generó un ‘boom’ de nuevas empresas ávidas de convertirse en proveedoras gubernamentales: 171 compañías surgieron durante el primer año del sexenio y lograron contratos por 366 mdp con 92 dependencias federales. El 77% de los miembros de sus Consejos de Administración carecen de experiencia empresarial.

CIUDAD DE MÉXICO.– Ana Gabriela Guevara se convirtió en la velocista más exitosa de México al romper récords mundiales hace casi 20 años, antes de que se retirara del atletismo y brincara a la arena política. Hoy, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que dirige la exmedallista olímpica intenta batir otras marcas: otorgar con suma rapidez contratos directos a empresas que tienen menos de dos meses de nacidas.

La excampeona no es la única funcionaria que está haciendo ese sprint: el fenómeno está extendido prácticamente por todo el nuevo gobierno lopezobradorista. Durante el primer año del sexenio surgieron empresas que antes no existían y, creadas casi ‘al vapor’ a la par que arrancaba la Administración federal, fueron favorecidas rápidamente con contratos otorgados por casi un centenar de dependencias públicas.

Una investigación desarrollada por Quinto Elemento Lab encontró que una colmena de 171 compañías creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 recibió durante el primer año de gobierno transferencias económicas por un monto global de 366 millones de pesos (mdp) por parte de 92 dependencias de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

En total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada diez fueron adjudicados directamente por las dependencias, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet.

Quinto Elemento Lab detectó la fecha de creación de estas compañías al examinar en Compranet las claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los nuevos proveedores gubernamentales, y desentrañó quiénes son los socios y empresarios que fundaron estas sociedades al revisar más de un centenar de documentos patrimoniales en registros públicos de México, Estados Unidos y Panamá.

Del total de contratos otorgados a estas empresas que nacieron poco antes de la llegada del nuevo gobierno y durante todo el primer año de la Administración, 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas, y sólo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública.

Antes de que llegara a Palacio Nacional, López Obrador solía criticar la asignación de contratos gubernamentales sin concurso, pero en abril de 2019 el presidente justificó el método de las adjudicaciones directas en su gestión pues tenía el objetivo de “combatir la corrupción”. El presidente acusó que gobiernos anteriores simulaban procesos de licitación que en realidad favorecían a empresas extranjeras.

En el primer año del sexenio surgieron 171 empresas que lograron contratos por 366 mdp con 92 dependencias federales.

 

Prohíbe ley los sablazos

El Presidente AMLO se reunió el miércoles con empresarios para venderles ‘cachitos’ de la rifa. Foto: Especial

DEL TELETÓN A LA TAMALIZA. El pase de charola gubernamental obtuvo cuatro veces más de ingresos que el tradicional Teletón. Foto: Especial

El Presidente AMLO se reunió el miércoles con empresarios para venderles ‘cachitos’ de la rifa. Foto: Especial

DEL TELETÓN A LA TAMALIZA. El pase de charola gubernamental obtuvo cuatro veces más de ingresos que el tradicional Teletón. Foto: Especial

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Rolando Herrera

Cd. de México  (14 febrero 2020).- El sablazo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le propinó a un grupo de empresarios al pedir dinero para un sorteo de la Lotería Nacional podría ser violatorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Ley prohibe a todos los servidores públicos, incluido el Presidente, solicitar dádivas para beneficio personal o de terceros.

Dicha ley, que forma parte del entramado del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), también obliga a las personas morales a seguir una política de integridad.

“Deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”, indica.

El miércoles, en una cena ofrecida en Palacio Nacional, AMLO solicitó a unos 200 empresarios comprar boletos de la Lotería Nacional, en montos que van de los 20 a los 200 millones de pesos.

El sorteo sería por el equivalente al monto del avión presidencial en venta. El dinero recaudado se utilizaría para comprar implementos de salud.

De entrada, según reconoció ayer el mismo Mandatario, 75 empresarios se comprometieran a entregar mil 500 millones de pesos.

Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, indicó que la solicitud parece más bien una extorsión donde quien no coopere no sería beneficiado con contratos.

“Parece el Estado diciendo a los empresarios: si ustedes no colaboran entonces se puede utilizar el poder del Estado frente a ustedes”, dijo.

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Kaiser dijo que aquellas empresas que accedan comprar los boletos podrían sufrir consecuencias legales en México y en el extranjero.

“Los códigos de conducta de estas empresas que comercian en el mundo, muchas presentes ahí, tienen una prohibición expresa a aportar dinero a intereses políticos específicos, a partidos y a hacer donaciones simuladas que parezcan contribuciones a temas sociales”, dijo.

Jorge Guajardo, ex Embajador de México en China, señaló que el pase de charola ha levantado alertas.

Dijo que estas prácticas detienen la inversión, pues la mayoría de las empresas no quieren verse involucradas en procedimientos de la Securities and Exchange Commission.

Analistas jurídicos opinan que también podría ser considerado el delito de concusión tipificado en el Código Penal Federal vigente según el cual lo comete “el servidor público que (…) exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores o servicios”.

Hora de publicación: 00:00 hrs.

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