La negociación de Lozoya (I)

 

13/07/2020

Actualización 13/07/2020 – 7:22

Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

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Emilio Lozoya estaba decidido a pelear la extradición de España, pero la familia lo fue debilitando. Su padre, Emilio Lozoya Thalman, habló muchas horas con él para persuadirlo que se entregara, ante la amenaza de la Fiscalía General en México que profundizarían las investigaciones y las presiones sobre su madre, en arraigo domiciliario, su hermana y su esposa, que se encuentra en Alemania –aunque habla con él por teléfono de manera regular–, si no aceptaba colaborar. La doble pinza lo llevó a entregarse y aceptar que lo extraditaran para ser juzgado en su país. Pero no fue voluntario, como afirmó el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino como producto de una negociación, como corrigió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La entrega del exdirector de Pemex no fue una acción unilateral. Personas con conocimiento del caso revelaron que detrás de todo se dio una negociación tan amplia, que incluso los términos de la carta que envió a Gertz Manero la redactó al alimón con abogados de la Fiscalía. Este procedimiento irregular arroja luz sobre lo que veremos en los próximos meses, un proceso jurídicamente heterodoxo, pero dúctil a manipulaciones. 

La negociación estableció que los temas centrales, avalados por López Obrador, sean la participación del conglomerado Odebrecht en la construcción y mantenimiento de las refinerías Etileno XXI y Tula, y la compra de Agronitrogenados, filial de Altos Hornos de México, por la cual detuvieron en España a Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración, que aceptó vender al Grupo Villacero, de Julio Villarreal, bien conectado en Palacio Nacional. El gobierno quiere concentrar las acusaciones de Lozoya en esos casos, donde dijo López Obrador, hay “personas de relevancia” y grupos políticos involucrados. 

López Obrador asegura que lo que diga Lozoya permitirá “purificar” la política, y para ello le darán “protección”, que incluiría no pisar la cárcel al regresar a México, sino ser ingresado en el Hospital Militar de la capital federal, con el pretexto de que al haber estado en una prisión madrileña durante la pandemia del Covid-19 en ese país, debe estar en cuarentena.

Mientras transcurre, según el plan, durante ese periodo presentará tres testigos para apoyar sus dichos. Dos de ellos eran trabajadores de mucha confianza de él, su secretario particular y su chofer. Los fiscales esperan que aporten rutas, horarios, fechas y destinatarios de dinero que presuntamente les enviaba Lozoya en pago por servicios políticos, particularmente durante las negociaciones del Pacto por México. 

Lozoya y sus familiares, de acuerdo con la negociación, se apegarían al beneficio del criterio de oportunidad, en donde a cambio de su colaboración, no se ejerce acción penal contra ellos. Adicionalmente, entregaría su casa en Lomas de Bezares, que presuntamente fue adquirida con dinero que le dio Odebrecht por ayudarlos a conseguir contratos de obra pública.

El caso se construirá a partir de las delaciones que ha hecho Lozoya de que fue responsable de haber repartido dinero para comprar apoyos en la oposición para lograr la aprobación de la reforma energética, que dejaría expuestos a los dos secretarios más poderosos del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, en ese entonces secretario de Hacienda, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Videgaray es el más señalado como uno de los objetivos de Lozoya. Osorio Chong sería involucrado de manera indirecta, al iniciarse un proceso, según el plan, en contra de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia y ligado al Grupo Hidalgo, involucrado en el Caso Odebrecht, en la refinería de Tula. Lozoya se enfocará, de acuerdo con las líneas generales de lo que aportará a la Fiscalía, en Videgaray y en el propio Peña Nieto. No obstante, es todavía incierto si Gertz Manero centra la investigación en ellos, porque el objetivo central del gobierno no está en el PRI, sino en el PAN.

Son varios objetivos específicos que el gobierno desea señalar con las aportaciones de Lozoya, de acuerdo con las personas que conocen del caso, en donde figuran varios dirigentes panistas en aquel momento, como Ricardo Anaya, que presidía al partido, y los actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Los dos han sido reconocidos como buenos operadores políticos, y el próximo año habrá elecciones para gobernador en Querétaro. Las de Tamaulipas serán en 2022. 

Bajo los términos del acuerdo de Lozoya con la Fiscalía General para ir en contra de gobernadores panistas, se encuentra la lógica política-electoral detrás de la negociación con el exdirector de Pemex. López Obrador necesita mantener la mayoría en la Cámara de Diputados para que pueda consolidar sus proyectos y afianzar el desmantelamiento de las reformas peñistas que fortalecerían las suyas. Los testigos que pondría Lozoya a disposición de las autoridades son las piezas para construir un caso contra ellos.

En todo este abanico de acusaciones contra culpables e inocentes, la tolvanera que levante se empatará con la campaña electoral en 2021, donde el adversario más fuerte que tiene Morena en algunas regiones del país, en este momento, es el PAN. Este es el quid pro quo negociado con Lozoya, quien será un instrumento político contra la oposición, a cambio de la libertad de su familia y una justicia laxa contra él. 

Pero no es todo para lo que la Fiscalía desea a Lozoya, según las personas que conocen el caso. Por debajo del objetivo electoral para lo cual se realizó la negociación, están los ajustes de cuentas y las venganzas de Gertz Manero y de Lozoya en contra de distintas personas, que se cruzarán en el proceso, y que involucran no sólo opositores del gobierno de López Obrador, sino funcionarios de su administración y de Morena, cuyos nombres también están en camino de ser exhibidos, además de a quien ha protegido el Presidente hasta ahora: Peña Nieto.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/la-negociacion-de-lozoya-i

Hijo de Bartlett recibe contratos por 162 millones del gobierno de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (I), y el director de la CFE, Manuel Bartlett, en una conferencia de prensa el 8 de febrero de 2019. (ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

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Columnista, Post Opinión
May 3, 2020 at 7:47 p.m. CDT

El 30 de abril, día del Niño en México, el hijo de uno de los funcionarios más polémicos del gabinete del presidente, Andrés Manuel López Obrador, recibió un regalo espectacular: el gobierno para el que trabaja su papá le otorgó, por asignación directa —sin licitación—, un contrato por 94.9 millones de pesos.

León Manuel Bartlett Álvarez es el dueño de la empresa Cyber Robotics Solutions. Su padre es Manuel Bartlett Díaz, un viejo político con un expediente negro quien, desde hace año y medio, se desempeña como director general de la Comisión Federal de Electricidad.

El 30 de abril, el hijo de Bartlett recibió un contrato por 94.9 millones pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin licitación, amparado en las reglas de compras por la emergencia a consecuencia del coronavirus. Es para proveer equipo de “ultrasonido torácico (portátiles de mesa) para tórax y pulmón”. El fallo fue el 30 de abril y el contrato debe firmarse el lunes 4 de mayo, según consta en el acta de adjudicación directa AA-051GYN020-E6-2020.

Acta de adjudicación a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez. (Fotografía tomada de Compranet)
Acta de adjudicación a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez. (Acta de adjudicación a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez. Fotografía tomada de Compranet)

No es el único contrato de la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez con el gobierno del que su padre es un alto funcionario: los tiene con el Ejército, la Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros con el ISSSTE. Son al menos siete contratos que suman 162 millones de pesos, según puede comprobarse en el portal de transparencia Compranet.

 

El segundo contrato firmado por 23.4 millones de pesos es con la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco hubo licitación de por medio. Entró en vigor el 1 de enero. La descripción señala: “Contratación del servicio de mantenimiento integral plurianual 2020-2023”. El procedimiento de adjudicación tiene el folio AA-007000999-E684-2019.

Un tercer contrato es con la Secretaría de Marina por 4.9 millones de pesos. El procedimiento de adjudicación directa es el AA-013000999-E379-2020 por concepto de “Servicio de mantenimiento preventivo en dos sesiones y todos los correctivos a 01 sistema de cirugía robótica asistida para atención”, que se firmó e inició su vigencia el 10 de abril.

Existe registro de dos contratos más con el IMSS. Uno por 8.2 millones de pesos y otro por 31 millones. Este último inició el 20 de abril y fue revelado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por la compra de ventiladores para los pacientes más graves de COVID-19. El de 8.2 millones data del 25 de febrero de este año y es por “Servicio de mantenimiento preventivo correctivo” a un acelerador lineal dedicado a radiocirugía robótica en el hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El procedimiento de adjudicación —en este sí hubo una licitación pública— es el LA-050GYR051-E20-2020.

Además del de 94.9 millones de pesos citado al inicio, hay otros dos contratos de Cyber Robotics Solutions con el ISSSTE —ambos sin licitación— por montos menores: 275,000 pesos por “adquisición de material radiológico (material fotográfico y productos químicos)” y 65,000 pesos por “adquisición de termómetros”. Los folios son AA-051GYN036-E7-2020 y AA-051GYN036-E14-2020, respectivamente.

La revelación de estos contratos con el hijo de un alto funcionario pone de nuevo en entredicho la congruencia del gobierno mexicano en su proclamada lucha contra la corrupción. Si bien no se ha comprobado aún nada ilegal en los contratos del hijo de Bartlett con el gobierno federal, despiertan suspicacias los montos económicos, que la mayoría hayan sido adjudicaciones directas y no hayan pasado por ningún concurso y, sobre todo, que se trate de la empresa del hijo de un alto funcionario.

Comportamientos similares en gobiernos pasados fueron severamente criticados por el presidente López Obrador cuando era dirigente opositor. El presidente ha dicho que llegó para limpiar al sistema, que no le basta la legalidad, sino que exige moralidad y ética. Bartlett es el rostro que desmonta el discurso anticorrupción del presidente.

Manuel Bartlett Díaz es quizá el integrante más polémico del gabinete de López Obrador. Por su pasado, es incómodo para muchos integrantes del gobierno y de Morena, el partido del presidente. Cuando México era un régimen de partido único, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Bartlett fue un temido secretario de Gobernación, denunciado públicamente por toda suerte de atrocidades criminales y políticas, y también se desempeñó como secretario de Educación Pública. De ahí pasó a ser gobernador del estado de Puebla. Al terminar este encargo, el PRI había caído en desgracia y Bartlett se sumó al movimiento que desde entonces construía López Obrador. Fue senador y ahora dirige la empresa de electricidad del Estado.

En septiembre de 2019, se publicaron en W Radio dos reportajes de Arelí Quintero que documentaban que Bartlett, su pareja, Julia Abdala, y su hijo, León Manuel, son propietarios de 23 casas y 12 empresas, las cuales no habían sido declaradas parte de su patrimonio ni transparentadas como posible conflicto de interés por el funcionario. El asunto se volvió un escándalo pues desde entonces cuestionó la principal bandera del lopezobradorismo: el combate a la corrupción.

Sorprendentemente para muchos, López Obrador apoyó a Bartlett de inmediato, lo cual generó una enorme indignación ciudadana. Administrativamente, se ordenó una investigación a cargo de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, cuyo resultado se reveló en el período vacacional de diciembre: Bartlett fue oficialmente exonerado. Se desató otro escándalo que cuestionó el papel de la secretaria Sandoval y del presidente.

Con la colaboración de Mario Gutiérrez Vega.

Nota del editor: Se buscó a León Manuel Bartlett y a la empresa Cyber Robotics Solutions para conocer su postura, pero no se obtuvo una respuesta.

Negocios al vapor para ganar contratos con la 4T

 

ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ / QUINTO ELEMENTO LAB 29 febrero, 2020

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Foto: Benjamín Flores

La llegada del gobierno lopezobradorista generó un ‘boom’ de nuevas empresas ávidas de convertirse en proveedoras gubernamentales: 171 compañías surgieron durante el primer año del sexenio y lograron contratos por 366 mdp con 92 dependencias federales. El 77% de los miembros de sus Consejos de Administración carecen de experiencia empresarial.

CIUDAD DE MÉXICO.– Ana Gabriela Guevara se convirtió en la velocista más exitosa de México al romper récords mundiales hace casi 20 años, antes de que se retirara del atletismo y brincara a la arena política. Hoy, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que dirige la exmedallista olímpica intenta batir otras marcas: otorgar con suma rapidez contratos directos a empresas que tienen menos de dos meses de nacidas.

La excampeona no es la única funcionaria que está haciendo ese sprint: el fenómeno está extendido prácticamente por todo el nuevo gobierno lopezobradorista. Durante el primer año del sexenio surgieron empresas que antes no existían y, creadas casi ‘al vapor’ a la par que arrancaba la Administración federal, fueron favorecidas rápidamente con contratos otorgados por casi un centenar de dependencias públicas.

Una investigación desarrollada por Quinto Elemento Lab encontró que una colmena de 171 compañías creadas entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019 recibió durante el primer año de gobierno transferencias económicas por un monto global de 366 millones de pesos (mdp) por parte de 92 dependencias de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

En total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada diez fueron adjudicados directamente por las dependencias, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet.

Quinto Elemento Lab detectó la fecha de creación de estas compañías al examinar en Compranet las claves alfanuméricas del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los nuevos proveedores gubernamentales, y desentrañó quiénes son los socios y empresarios que fundaron estas sociedades al revisar más de un centenar de documentos patrimoniales en registros públicos de México, Estados Unidos y Panamá.

Del total de contratos otorgados a estas empresas que nacieron poco antes de la llegada del nuevo gobierno y durante todo el primer año de la Administración, 398 (71%) fueron asignados por adjudicación directa; 92 (16%) bajo el sistema de invitación a tres personas, y sólo 71 (13%) de ellos fue concursado bajo un proceso de licitación pública.

Antes de que llegara a Palacio Nacional, López Obrador solía criticar la asignación de contratos gubernamentales sin concurso, pero en abril de 2019 el presidente justificó el método de las adjudicaciones directas en su gestión pues tenía el objetivo de “combatir la corrupción”. El presidente acusó que gobiernos anteriores simulaban procesos de licitación que en realidad favorecían a empresas extranjeras.

En el primer año del sexenio surgieron 171 empresas que lograron contratos por 366 mdp con 92 dependencias federales.

 

Prohíbe ley los sablazos

El Presidente AMLO se reunió el miércoles con empresarios para venderles ‘cachitos’ de la rifa. Foto: Especial

DEL TELETÓN A LA TAMALIZA. El pase de charola gubernamental obtuvo cuatro veces más de ingresos que el tradicional Teletón. Foto: Especial

El Presidente AMLO se reunió el miércoles con empresarios para venderles ‘cachitos’ de la rifa. Foto: Especial

DEL TELETÓN A LA TAMALIZA. El pase de charola gubernamental obtuvo cuatro veces más de ingresos que el tradicional Teletón. Foto: Especial

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Rolando Herrera

Cd. de México  (14 febrero 2020).- El sablazo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le propinó a un grupo de empresarios al pedir dinero para un sorteo de la Lotería Nacional podría ser violatorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Ley prohibe a todos los servidores públicos, incluido el Presidente, solicitar dádivas para beneficio personal o de terceros.

Dicha ley, que forma parte del entramado del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), también obliga a las personas morales a seguir una política de integridad.

“Deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”, indica.

El miércoles, en una cena ofrecida en Palacio Nacional, AMLO solicitó a unos 200 empresarios comprar boletos de la Lotería Nacional, en montos que van de los 20 a los 200 millones de pesos.

El sorteo sería por el equivalente al monto del avión presidencial en venta. El dinero recaudado se utilizaría para comprar implementos de salud.

De entrada, según reconoció ayer el mismo Mandatario, 75 empresarios se comprometieran a entregar mil 500 millones de pesos.

Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, indicó que la solicitud parece más bien una extorsión donde quien no coopere no sería beneficiado con contratos.

“Parece el Estado diciendo a los empresarios: si ustedes no colaboran entonces se puede utilizar el poder del Estado frente a ustedes”, dijo.

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Kaiser dijo que aquellas empresas que accedan comprar los boletos podrían sufrir consecuencias legales en México y en el extranjero.

“Los códigos de conducta de estas empresas que comercian en el mundo, muchas presentes ahí, tienen una prohibición expresa a aportar dinero a intereses políticos específicos, a partidos y a hacer donaciones simuladas que parezcan contribuciones a temas sociales”, dijo.

Jorge Guajardo, ex Embajador de México en China, señaló que el pase de charola ha levantado alertas.

Dijo que estas prácticas detienen la inversión, pues la mayoría de las empresas no quieren verse involucradas en procedimientos de la Securities and Exchange Commission.

Analistas jurídicos opinan que también podría ser considerado el delito de concusión tipificado en el Código Penal Federal vigente según el cual lo comete “el servidor público que (…) exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores o servicios”.

Hora de publicación: 00:00 hrs.

¿Cuánto perdemos si perdemos el sistema de justicia penal

¿Cuánto perdemos si perdemos el sistema de justicia penal?

24 ENERO, 2020

María Novoa (@marianovoacv) y Monserrat López (@MonLopez_ )  | Animal Político

El pasado 15 de enero circuló un conjunto de borradores de reformas e iniciativas, impulsadas por el Fiscal General, cuyo espíritu y contenido es un tajante revés al sistema de justicia penal. Que estas propuestas planteen la posibilidad de extender el arraigo a todos los delitos, de eliminar la figura del juez de control y de emplear, dentro de un procedimiento, pruebas obtenidas bajo tortura, implica sin duda un desapego total de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Pero las afectaciones irían más allá, pues estos hipotéticos cambios supondrían también una reestructuración completa en el aparato de justicia que nos ha costado más de 11 años construir.

En efecto, un golpe de esta naturaleza enajenaría un sistema que está en vías de consolidación y mejora, y la consecuencia directa sería tirar a la basura miles de millones de pesos que se han empleado para dar operatividad al sistema penal acusatorio. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto nos ha costado materializar las modificaciones legales hechas desde 2008? Ésta es nuestra estimación.

Primera inversión: implementación de la reforma

La reforma de 2008 contempló un plazo de implementación del sistema de justicia penal de ocho años. Así, consideró que para 2016 el sistema se habría implantado en todo el territorio y entraría en su fase de consolidación. Los principales recursos federales invertidos para la implementación vinieron de la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Dicha instancia, dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue la encargada de apoyar a las autoridades locales y federales para la implementación del sistema de justicia.

De 2008 a 2016, la SETEC ejerció un monto de 4 mil 881 millones de pesos para el diseño de las reformas legales, cambios organizacionales, construcción y operación de la infraestructura y capacitación para todos los operadores. Del total de recursos, anualmente se destinó alrededor del 80% a subsidios a entidades federativas y municipios, con esta distribución: 41% para capacitación, 17% a difusión y transparencia, 15% a gestión y organización institucional, 11% al desarrollo de tecnologías de la información y el 16% restante a infraestructura, planeación, normatividad y seguimiento y evaluación[1].

Otra fuente importante de recursos para esta primera parte del proceso fue el Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, con una aportación inicial de 5 mil millones de pesos. Los apoyos del Fideicomiso se otorgaron a través de la modalidad de copago, en la que las entidades federativas tendrían que aportar los recursos para cubrir el 50% de los proyectos aprobados. Hasta 2016 las entidades invirtieron 11 mil 200 millones de pesos en 742 proyectos de infraestructura y equipamiento. Entre el subsidio SETEC y el Fideicomiso se destinaron 14 mil 759 millones de pesos para la implementación de la reforma[2], de 2010 a 2016. Las entidades federativas más beneficiadas por estos recursos fueron Baja California, el Estado de México, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato y el entonces Distrito Federal. Según información proporcionada por la SHCP, todos los recursos para la implementación de proyectos autorizados por el Comité Técnico ya fueron transferidos a las entidades federativas correspondientes[3].

Por otro lado, en noviembre de 2013 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) creó el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional de 2008. Hasta 2016, se reportaron egresos por 1,365 millones de pesos, destinados principalmente a la construcción de los Centros de Justicia Penal Federal, a la adecuación de áreas para la instalación de salas de audiencia, áreas de apoyo y obras complementarias, la adquisición de infraestructura tecnológica, equipamiento y herramientas informáticas, la adquisición de mobiliario y equipo, soporte tecnológico en materia de seguridad, así como servicios profesionales y estudios para la construcción de los centros de justicia federales[4].

Por su parte, la entonces Procuraduría General de la República, a través de su Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UISPPA), invirtió 1,044 millones de pesos de 2014 a 2016 en el diseño y la ejecución de acciones para avanzar en la implementación y consolidación del sistema de justicia penal[5]. Dentro de las principales actividades impulsadas por la instancia se cuentan las de seguimiento y evaluación de la operación del SJP y la consolidación de un Modelo de Gestión Tipo, así como diversas actividades de capacitación realizadas con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además, la cooperación internacional ha sido también fuente de financiamiento complementaria, con cantidades millonarias para la implementación del nuevo sistema. Entre el ejercicio fiscal de 2008 y 2016, el gobierno de Estados Unidos destinó más de 2.8 mil millones de dólares al proceso de implementación. De estos recursos, 68% correspondieron al rubro de Cumplimiento de la Ley y Control de Narcóticos, con el que se ejecutaron programas de capacitación a operadores del sistema penal y asistencia técnica.[6] Algunas de las acciones ejercidas incluyeron el equipamiento de más de 120 juzgados en 21 estados para la grabación de audiencias, así como la capacitación de más de 9 mil operadores y 100 jueces[7].

Segunda inversión: la consolidación del sistema

A partir de junio de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) fungió como principal responsable de la consolidación del Sistema de Justicia Penal a nivel federal. Para sus programas prioritarios se destinaron al menos 36 millones de pesos durante 2017 y 2018 de aportaciones federales y estatales para la consolidación del sistema, con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del sistema de justicia penal[8]. Durante este periodo el SESNSP realizó diversas mesas de trabajo con los operadores y se diseñó una estrategia que derivó en 10 acciones focalizadas para el uso de los recursos materiales, financieros y humanos para la consolidación del sistema. Se impartieron, por ejemplo, diversos cursos y talleres para la formación inicial para los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario, así como cursos de actualización sobre justicia penal. Considerando también los egresos que reportó el Fideicomiso del CJF[9] así como el presupuesto de la PGR, de 2016 a 2018 se invirtieron 1,140 millones de pesos para la consolidación del sistema.

Diez años de inversión, esfumados

Dejando momentáneamente de lado los diversos esfuerzos estatales, así como el apoyo internacional, la implementación y consolidación del sistema de justicia penal ha implicado un desembolso de recursos públicos no menor a los 18 mil 308 millones de pesos. Por tanto, además de las graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, las iniciativas de reforma demuestran un gran desconocimiento –o insensibilidad– ante las repercusiones institucionales, políticas y económicas.

No es cuestión únicamente de defender, desde el punto de vista financiero, una inversión destinada a la transformación. Creemos que la apuesta debería estar en el aprovechamiento de lo existente, lo que supone perseverar para que funcione una maquinaria que tanto tiempo y dinero nos ha costado. Ése debería ser un principio rector de una verdadera política de austeridad republicana.

Si el sistema de justicia penal no ha logrado consolidarse no es a causa de su diseño. Y, en todo caso, la solución no es regresar 12 años atrás y demoler lo avanzado.


[1] Hallazgos 2016, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal. México Evalúa 2017. Disponible aquí.

[2] Hallazgos 2016, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal. México Evalúa 2017. Disponible aquí.

[3] A través de la solicitud de información con folio 0601300000919.

[4] Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Disponible aquí.

[5] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253667/11.UISPPA.pdf

[6] U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond, Servicio de Investigación del Congreso (Congressional Research Service), disponible aquí.

[7] Eric Olson, The Evolving Mérida Initiative and the Policy of Shared Responsibility in U.S.-Mexico Security Relations, Wilson Center, disponible aquí.

[8] Para el FASP se consideran los programas por destino del gasto “Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes”, “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, “Seguimiento y Evaluación” y “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial”. Disponible aquí.

[9] Fideicomisos sin estructura orgánica, SHCP. Disponible aquí.

 

Poiré niega triangulación de recursos durante su gestión en Segob

 

MILENIO DIGITAL

Ciudad de México / 19.12.2019 22:05:46

Alejandro Poiré, ex secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, dijo que durante su administración no ocurrió ninguna transferencia de recursos de la Segob a cuentas de particulares, y que toda la información respecto a los contratos de la secretaría se hizo pública en el sitio compranet y se entregó a la Auditoría Superior de la Federación. 

“Absolutamente (no ocurrieron transferencias de recursos a particulares), desde 2012 hay que tener en mente que era una secretaría más compacta, la mayoría de lo que se hizo eran transferencias a organismos descentralizados, era un presupuesto muy reducido; los contratos que se hicieron se presentaron y se publicaron en compranet, y se entregó toda la información a la Auditoria Superior de la Federación”, aseguró Poiré en entrevista con Alejandro Domínguez para Milenio Televisión. 

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El también ex vocero del gobierno de Calderón aseguró que siempre se a manejado con rectitud durante su trabajo como servidor público y enfatizó que durante su gestión al frente de la Segob no hubo partidas de recursos secretas. 

“Siempre he sido una persona abierta, honesta, transparente; no hay que sumar a la especulación, hay que esperar que se hagan las precisiones por parte de la autoridad. No hay partidas secretas, en el ámbito centralizado había pocos recursos y se pagaba solo nómina; las otras dependencias ejercían sus gastos por separado, con órganos de control separados”. 

Además, Poiré se dijo sorprendido por las acusaciones que pesan sobre Genaro García Luna en torno a que recibió sobornos por parte del cártel de Sinaloa a cambio de protección, esto durante su cargo como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. 

Todos los ciudadanos mexicanos somos responsables y debemos trabajar en la construcción de nuestro futuro y el MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS asegurando el constante fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y el bienestar social equitativo y sustentable.

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