16 de Marzo de 2021
Es parte del estilo presidencial de gobernar, pero la acusación que hizo el viernes el presidente López Obrador contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, pidiendo que fuera indagado por el Consejo de la Judicatura por el “delito” de haber otorgado un amparo contra la ley energética, aprobada “sin cambiarle una coma” respecto a la enviada por el Ejecutivo, días atrás en el Congreso, es un error conceptual, pero también de estrategia política.
Ese error lo profundizó con la carta enviada al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reiterando la denuncia, y con las declaraciones al respecto, identificando esa resolución judicial, que es apelable, con un intento de impedir su lucha contra la corrupción y el abuso.
En realidad, el amparo otorgado por el juez Gómez Fierro era casi inevitable porque la iniciativa aprobada por el congreso, para muchos, me incluyo, resulta inconstitucional. Si el Ejecutivo no está de acuerdo con esa norma debe enviar una iniciativa para modificar la Constitución, pero también deberá modificar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y varios otros pactos comerciales con otros países, que tienen fuerza constitucional. En términos legales, el tema podrá ser discutible y eso lo terminará resolviendo, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso no impedirá que se termine litigando en tribunales internacionales posiblemente con graves consecuencias para el país.
Legisladores de Morena, como ha hecho el Presidente, han identificado este amparo con presuntas acciones de corrupción o de trato preferencial que recibieron empresas energéticas en el pasado. También han dicho que esas empresas, estadunidenses, canadienses y españolas, no han protestado cuando han cambiado reglas en otros países, por ejemplo, Estados Unidos.
Me temo que hay algunas diferencias fundamentales: en primer lugar, la reforma energética que se aprobó el pasado sexenio está respaldada por la Constitución, son normas constitucionales, algo que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos; segundo, se puede cambiar la ley, pero las mismas no pueden estar por sobre la Constitución; tercero, no se pueden desconocer, sin esperar que el tema termine en tribunales nacionales o internacionales, los contratos ya suscriptos. Si se cree que tienen condiciones injustas o leoninas es allí donde se deben dirimir esos conflictos, si es que una negociación no permite llegar a un acuerdo.
Pero hay un tema más delicado. Con sus acusaciones, nuevamente, el presidente López Obrador deslegitima al Poder Judicial y a los jueces. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, defendió la independencia de los jueces y sostuvo que “las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El Consejo de la Judicatura Federal —agregó— garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”.
Tiene toda la razón. El amparo otorgado tiene lógica, es sobre un tema que forma parte del debate público, legislativo y legal, dentro y fuera de México, entre las autoridades y los empresarios. Tampoco es una decisión definitiva, puede ser, como recuerda Zaldívar, recurrida, apelable, en otra instancia e incluso, como todo mundo presume, el tema terminará llegando a la Suprema Corte. Se entiende que López Obrador esté en desacuerdo con que se haya aprobado un amparo que va contra sus políticas y deseos, pero no se puede comprender que ante ello denuncie, sin presentar una sola prueba, a un juez y reclame que sea investigado por el CJF. Es, desde cualquier punto de vista, un exceso.
Con otro agravante. El tema de la constitucionalidad de la ley de energía no ha generado aún una posición clara en la SCJN. En principio, si nos atenemos a lo sucedido con el llamado decreto Nahle, que buscaba imponer lo mismo que esta ley, pero por decreto, existe una mayoría que considera inconstitucional esta iniciativa, pero otros ministros no lo perciben de la misma manera. Incluso desde el mayor pragmatismo político, se debería esperar a ver qué sucede en esa instancia porque hay que recordar que para declarar inconstitucional una ley se requieren dos tercios de los votos del pleno de la Corte, con que cuatro ministros voten a favor de esa ley sería declarada constitucional. Con sus declaraciones, el Ejecutivo pone en riego esa posibilidad, debilita a la SCJN y debilita incluso a quienes quieren apoyar su iniciativa.
Poco después de asumir la presidencia de la Corte, entrevisté a Zaldívar y sostuvo algo que sigue siendo el punto nodal de este debate: “a la Suprema Corte no le toca ser la oposición al gobierno, ni a los jueces nos toca ser la oposición al gobierno, nos toca ser un poder equilibrador, que cuando alguna autoridad se exceda de sus funciones, la corrijamos a través de nuestras sentencias, pero también nos toca generar gobernabilidad y un Poder Judicial que estuviera de manera consistente oponiéndose a decisiones de un gobierno generaría inseguridad jurídica, generaría falta de gobernabilidad, afectaría el Estado de derecho”. Si no asume, en uno u otro sentido, esa lógica, todos salimos perdiendo.
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