Martín Vizcarra aceptó este lunes la decisión del Congreso que lo despoja de la Presidencia de Perú pese a “no estar de acuerdo” y tener posibilidad de emprender “acciones legales”, por lo que abandonará de forma inmediata el Palacio de Gobierno.
Vizcarra se expresó así rodeado por su gobierno en pleno, relajado e informal, en una declaración que brindó en la puerta de la Casa de Pizarro en el centro de Lima.
Dijo que acepta esta decisión porque no desea “que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder”.
El Congreso de Perú aprobó este lunes destituir al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral”, al cierre de un segundo juicio político en menos de dos meses, tras las denuncias de que habría recibido sobornos cuando era gobernador en 2014.
La moción para remover al mandatario peruano fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, superando los 87 votos necesarios.
“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república”, declaró tras la votación el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien tomará las riendas de Perú hasta completar el mandato actual, que finaliza el 28 de julio de 2021.
Vizcarra rechazó que hubiera cobrado sobornos y negó acusaciones de que recibió dinero por contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua.
Dijo estar dispuesto a esclarecer cualquiera de los hechos que “falsamente” le imputan.
“Querido Pueblo Peruano: Durante estos dos años y ocho meses de gobierno ustedes han sido mi mayor soporte y fortaleza. Juntos construimos este camino, a pesar de la adversidad. Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad”, expresó por Twitter.
Querido Pueblo Peruano: Durante estos dos años y ocho meses de gobierno ustedes han sido mi mayor soporte y fortaleza. Juntos construimos este camino, a pesar de la adversidad. Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad.
El Presupuesto de Egresos para 2021, aprobado en lo general la madrugada del miércoles en la Cámara de Diputados, con 297 votos a favor y 134 en contra, disminuye en más de 8,000 millones de pesos el ramo de aportaciones para las entidades federativas, y baja más de 2,000 millones de pesos lo destinado a organismos autónomos, aunque aumenta en 16% lo que recibirá la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los legisladores de Morena prácticamente no le hicieron ningún cambio al proyecto de Presupuesto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el gasto programado para el próximo año privilegia los proyectos del mandatario como la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y el Aeropuerto de Santa Lucía, al tiempo que no detalla ninguna cantidad específica para la adquisición de la próxima vacuna en contra del Covid-19.
De igual forma, el gasto del gobierno federal mantiene disminuciones significativas en los recursos públicos que se destinan a solucionar problemas como el desempleo, la violencia en contra de las mujeres, y la violación de derechos humanos.
También brillan por su ausencia medidas fiscales y de fomento a las actividades productivas, incluyendo las del campo, que permitan apoyar a los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.
Desdén para los estados
A pesar de que los gobernadores de diez entidades, agrupados en la Alianza Federalista, solicitaron a los diputados considerar un aumento en sus participaciones, el Presupuesto aprobado disminuye de manera general, para todos los estados, los recursos que recibirán en 2021.
Por ejemplo, el ramo de las aportaciones dentro del gasto federalizado bajará 8,802 millones de pesos; el de las participaciones tendrá una disminución de 62,000 millones; mientras que el área de convenios registrará una baja de 30,000 millones de pesos, de acuerdo con un análisis realizado por la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara baja.
Adicionalmente, los estados del país ya no contarán con los recursos que se les entregaban a través del Fondo Metropolitano, y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). Este último servía para que las policías de las entidades dejaran de depender de las corporaciones federales y del Ejército, y se capacitaran adecuadamente para enfrentar a la delincuencia y combatir la inseguridad pública.
Los ramos privilegiados
El Presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional en 2021 será de 112,557 millones de pesos, recursos que son 16% superiores a lo que esa dependencia recibió en 2020. La Secretaría de Bienestar contará con 191,724 millones de pesos, un aumento de 10%; en tanto que la Secretaría de Salud recibirá 145,414 millones de pesos, lo que representa un incremento de 12% en comparación con 2020.
Sin embargo, en el documento aprobado no hay una partida específica para la compra de las próximas vacunas contra el Covid-19, a pesar de que el gobierno federal, según lo ha informado en varias ocasiones el Canciller Marcelo Ebrard, ya tiene el compromiso de adquirir esos reactivos.
El Presupuesto solo dice que los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar se transferirán a la Tesorería de la Federación, pero no aclara cuál será la cantidad que se utilizará para la compra de las vacunas.
A su vez, la Secretaría que más aumento recibirá el próximo año es la de Turismo, que pasa de un presupuesto de 5,034 millones de pesos a 38,613 millones de pesos, pero de estos, serán destinados al Tren Maya 36,288 millones de pesos.
Las áreas afectadas
La ciencia, las nuevas tecnologías, y los derechos humanos, son algunos de los sectores que tendrán un menor presupuesto en 2021. Para su ejercicio, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tendrá 26,573 millones de pesos, cantidad que es menor, en 85.6 millones, a lo recibido en 2020.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos también verá un recorte a su presupuesto al pasar de 1,911 millones de pesos a 1,679 millones para el próximo año, una baja de 231 millones de pesos.
Lo mismo sucede con la Secretaría del Trabajo, justo en el año en el que se debe consolidar la reforma laboral, esa dependencia tendrá 4,956 millones de pesos menos en 2021, al pasar de un presupuesto de 28,756 millones a 23,799 millones de pesos.
Otras instituciones y programas que igualmente tendrán menores recursos son:
El Instituto Nacional de Estadística (INEGI);
El Instituto Federal de Telecomunicaciones;
El Programa de Apoyo al Empleo;
El Programa de Microcréditos para el Bienestar;
Los Tribunales Agrarios; y
El Programa de Apoyo Financiero a microempresas familiares,
En tanto que el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) ha desaparecido.
En México hace falta mando, coordinación, rumbo. Vivimos la peor crisis, con el peor gobierno. El país está al borde del precipicio.
El manejo del COVID-19, en la primera ola, fue desastroso y colocó a México en los primeros lugares de contagios y decesos a nivel mundial. La influenza terminará por agravar la situación en la recta final de este fatídico 2020.
De forma temeraria, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en actuar con titubeos, indecisión, incongruencia e irresponsabilidad. Le ha faltado claridad para distinguir la letalidad del coronavirus y reconocer que estamos a sólo un escalón para llegar a los cien mil muertos, según las cifras oficiales.
Su persistente negativa a utilizar cubrebocas ha sido un factor de confusión entre la gente; su obsesión por la austeridad republicana ha provocado el desmantelamiento de las instituciones de salud; la eliminación de millonarios fideicomisos; el desabasto de medicinas y la falta de equipo de protección de médicos y enfermeras.
El inquilino de Palacio Nacional parece estar decidido a subir al ring con La Muerte. El problema es que, en esa pelea callejera, son las vidas de millones de mexicanos las que están en juego.
López Obrador cree estar bajo el asedio de las oscuras fuerzas del viejo régimen. Se equivoca flagrantemente. México y el mundo están bajo el acoso de un virus mortal e impredecible. Un virus que no discrimina edades ni condición social.
No hay justificación para continuar con el programa centinela. Es preciso aumentar el número de pruebas de COVID-19 y darles un seguimiento puntual a los contagios. Resulta impostergable aplicar medidas disuasivas para evitar que el fervor católico y el cansancio de la gente se conviertan en un pretexto para relajar el confinamiento.
Por si fuera poco, López Obrador se niega a reconocer la crudeza de la crisis financiera que se profundizó con la pandemia. Los principales indicadores internacionales señalan un escenario económico marcado por la incertidumbre y la falta de confianza.
Signum Research tiene el pronóstico más pesimista y prevé una contracción del 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El propio Banco de México anticipa una caída de entre 8.8 y 12.8 por ciento, mientras la Secretaría de Hacienda estima que la economía mexicana se puede contraer entre 7 y 10 por ciento.
Ocho meses después del inicio de la pandemia, más de un millón de mexicanos perdieron sus empleos formales y, lo que es peor, casi 100 mil perdieron la vida. No obstante, el gobierno de la 4T se empeña en mantener la misma receta, arriesgando la vida y la salud de la población y siguiendo el camino suicida de la recesión económica, el desempleo y la pobreza.
Ya no hay lugar para rifas del avión presidencial, largas misivas para conseguir la repatriación del Penacho de Moctezuma, apuestas sobre la Serie Mundial de Béisbol, ni lamentos por las críticas de la prensa. Se acabaron los distractores, quejas, clases de historia ni figuras retóricas. Ahora toca gobernar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una responsabilidad histórica, que no admite pretextos, burlas ni omisiones. Los errores de un gobernante son crímenes de Estado.
Chihuahua es tendencia en Twitter a nivel nacional y no por algo positivo. Resulta que usuarios en redes sociales volvieron a bautizar a un #Lord, esto por parte de algunos cibernautas que estuvieron viralizando este miércoles el hashtag con Lord Mantenido, esto en relación con un supuesto financiamiento hacia el exsuperdelegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera.
¿Por qué el apodo de Lord Mantenido?
De acuerdo con los usuarios, Juan Carlos Loera fue nombrado como Lord Mantenido debido a que estaría recibiendo presuntamente el apoyo financiero de Ariadna Montiel Reyes, quien es Subsecretaria de la Secretaría de Bienestar.
Según lo señalado por los cibernautas, Lord Mantenido se comenzó a compartir y a viralizar debido a que Ariadna Montiel Reyes, quien supuestamente es pareja sentimental de Juan Carlos Loera, ha rentado decenas de anuncios espectaculares para promocionar un libro del político, quien además estaría enfocado a competir por la gubernatura del estadode Chihuahua en las elecciones de 2021, las cuales se tienen programadas para el próximo 6 de junio.
Cabe señalar que a Loera se le investiga por nepotismo durante su corta gestión.
En el expediente 2019/DE45, la SFP investiga al funcionario por presunto nepotismo, debido a que una sobrina suya, Myrna Brighite Granados de la Rosa, habría sido contratada en la delegación que él encabezó.
Este señalamiento de nepotismo alcanza hasta a la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pues la sobrina del ahora exdelegado trabajó en 2019 como su secretaria particular con un sueldo de 45 mil pesos mensuales, aun teniendo la licenciatura trunca.
La acusación incluye a dos compadres de la subsecretaria Montiel: Luis Fernando Duarte González, delegado regional en Parral, y su esposa, Ishtar Ibarra Barraza, directora de área de Bienestar en la Ciudad de México. Reforma confirmó el año pasado que Montiel fue madrina de bautizo de una de las hijas de ese matrimonio.
La denuncia añade que Ishtar Ibarra vive en Chihuahua, aun cuando, por el cargo que tiene, debería despachar en la capital del país.
Otros parientes de De la Rosa tienen cargos en la SEP, el SAT y el IMSS, según registros públicos. El ahora diputado federal señaló en entrevista que su sobrina nunca trabajó para él directamente en la delegación estatal.
“A mí se me notificó de una entrevista que me harían funcionarios de la SFP, la cual se realizó hace ya casi un año, en la que se aclaró esto; esta persona, yo no sé si en el vínculo familiar sea efectivamente mi sobrina, los sobrinos son los hijos de los hermanos, y ella es hija de una prima, que no estuvo, nunca jamás, bajo mi coordinación, ni en la delegación ni en Chihuahua, y eso seguramente se aclaró, porque no hubo más, que yo me haya enterado, al menos hacia mí, alguna investigación, señalamiento o sanción”, sostuvo.
Finalmente se hizo un llamado de exigencia a los diputados de MORENA que “representan” a chihuahuenses a que se unan en defensa de nuestros ciudadanos y de nuestro estado.
“Dejen de ponerse de alfombra para el presidente y denle resultados a la gente de Chihuahua” señaló Patricia Terrazas.
CIUDAD DE MÉXICO.-Cada vez salen más pruebas incriminatorias contra Eleazar “N”, que fue vinculado a proceso por golpear brutalmente a su novia Stephanie Valenzuela.
ELEAZAR GÓMEZ SE QUEDA EN LA CÁRCEL Un juez del @PJCDMX ordenó dejar en prisión al actor @EleazarGomez33 Tras horas de audiencia, la @FiscaliaCDMX logró q el juez lo vinculara a proceso y lo mantuviera encerrado. Así lo arrestó la @SSC_CDMX acusado de GOLPEAR a su novia. pic.twitter.com/ZtxiW5Mj38
Ahora, un nuevo audio difundido por “Ventaneando” revelaría lo que fue la audiencia del actor y cantante, donde se detalla lo que sucedió la noche en que golpeó a la modelo peruana y por poco la estrangula.
Este horrible episodio de violencia se habría originado pocas horas después de que Eleazar le pidió matrimonio a Stephanie, y se quejó de que ella se había potado distante.
“El día 4 de noviembre de 2020, siendo aproximadamente las cuatro horas con quince minutos. Usted (Eleazar) y la víctima se encontraban en su domicilio, usted estaba muy agresivo ya que regresaban de un restaurante en donde usted le pidió a la denunciante que fuera su esposa y muy alterado le dijo: ‘que se había parado muy distante como si no le hubiera tomado importancia a lo que le había pedido’”, se escucha una voz leer en la sala de audiencia del Tribunal Superior de Justicia.
La persona del audio relata cómo fue que Eleazar comenzó a agredir a Stephanie, a quien insultó antes de golpearla y amenazó con tener un tío muy poderoso dentro del Gobierno.
Al estar en la habitación usted de manera muy agresiva le dijo:’te voy a matar, eres una put%, te voy a dar una put$%$%, mi tío es poderoso en el Gobierno”, se escucha.
Según detalla el audio, Eleazar habría mordido en la cara a Stephanie mientras ella cubría su rostro tratando de cubrirse de los golpes, justo antes de escapar y pedir ayuda a los vecinos.
Personal del Instituto Chihuahuense de la Salud tomaron las calles aledañas al Palacio de Gobierno, en el cruce de Venustiano Carranza y Aldama, para exigir el pago del retroactivo que se les había anunciado el 6 de noviembre, y que denuncian está siendo retenido por las autoridades estatales.
Los manifestantes portan su uniforme de Enfermería y con el correspondiente cubrebocas, para exigir el pago de lo que se les prometió, a quienes están en la primera línea de batalla contra el Covid-19, a pesar del riesgo de contagiarse ellos mismos y sus familias.
“Corral, no tengo medicamento hace tres meses. Ponte las pilas”, denunció un enfermero quien denunció la falta de insumos para los pacientes y las limitaciones que le representa para el desarrollo de su labor.
“Fuentes Velez, secretario de Hacienda, suelta el recurso de nuestro aumento salarial”, dice otra de las cartulinas.
Este lunes difundieron que la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del ICHISAL, la Enfermera General Sofía Calzadilla, sostuvo una reunión con el Secretario de Salud y el Secretario de Gobierno, para tratar el tema del pago del retroactivo, sin embargo, denunciaron que las autoridades estatales le estaban dando la espalda a los trabajadores de la Salud.
Previamente, se había extendido un oficio, firmado por David Alonso Ramírez Delgado, director administrativo del Instituto Chihuahuense de la Salud, en el que se informaba que el pago retroactivo se realizaría el 6 de noviembre y cuyo incremento se reflejaría en la quincena 21, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 15 de noviembre del 2020.
En el documento también se señala que la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios de las Ramas Médicas, Paramédicas, y Afines, para el ejercicio 2020, corresponde a retroactividad de sueldo base, asignación neta y ayuda de actualización; además de las prestaciones de despensa, bono de transporte, riesgo de trabajo y previsión social.
Personal del Hospital General de Camargo y Parral se unen a la protesta.
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Los manifestantes portan su uniforme de Enfermería y con el correspondiente cubrebocas, para exigir el pago de lo que se les prometió, a quienes están en la primera línea de batalla contra el Covid-19, a pesar del riesgo de contagiarse ellos mismos y sus familias.
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Previamente, se había extendido un oficio, firmado por David Alonso Ramírez Delgado, director administrativo del Instituto Chihuahuense de la Salud, en el que se informaba que el pago retroactivo se realizaría el 6 de noviembre y cuyo incremento se reflejaría en la quincena 21, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 15 de noviembre del 2020.
En el documento también se señala que la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios de las Ramas Médicas, Paramédicas, y Afines, para el ejercicio 2020, corresponde a retroactividad de sueldo base, asignación neta y ayuda de actualización; además de las prestaciones de despensa, bono de transporte, riesgo de trabajo y previsión social.
Personal del Hospital General de Camargo y Parral se unen a la protesta.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, prometió el martes garantizar una “transición tranquila”, pero insistió en que el presidente Donald Trump asumirá nuevamente a pesar de la proyectada victoria de Joe Biden.
“Habrá una transición tranquila hacia un segundo gobierno de Trump“, dijo Pompeo durante una tensa conferencia de prensa.
La negativa a aceptar la derrota del presidente, Donald Trump, en las elecciones del pasad martes abre un escenario caótico en Estados Unidos con el Departamento de Justicia respaldando las denuncias infundadas de fraude electoral, mientras sigue bloqueada la cooperación con el equipo de transición de Joe Biden.
Cuatro días después de que se proyectase a Biden, candidato demócrata, como próximo presidente de Estados Unidos, Trump sigue parapetado bajo un muro de acusaciones sin evidencia.
“Estamos haciendo grandes progresos. Los resultados empezarán a llegar la próxima semana. Volvamos a hacer grande a Estados Unidos”, dijo Trump a primera hora de este martes desde su cuenta de Twitter sin ofrecer detalles al respecto.
Aunque en un principio los republicanos habían optado por el silencio, poco a poco los líderes del partido han ido ofreciendo un apoyo matizado a las denuncias del mandatario.
“El presidente está 100 % en su derecho de investigar las acusaciones de irregularidades y sopesar sus acciones legales”, aseguró Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado anoche durante una intervención en el Senado.
McConnell se abstuvo de reconocer las proyecciones de los medios que otorgan la victoria a Joe Biden en los comicios del pasado 3 de noviembre.
La actual situación supone un marcado contraste con lo ocurrido hace cuatro años, cuando Trump se impuso a la candidata demócrata, Hillary Clinton.
Apenas unos días después de conocerse el resultado en 2016, Trump era recibido en la Casa Blanca por el entonces presidente saliente Barack Obama (2009-2017), y arrancaba así el proceso de transmisión del poder.
Una escena que parece impensable ahora.
Transición en el aire
La agencia gubernamental encargada de iniciar el proceso de transición es la Administración de Servicios Generales (GSA, en inglés), una vez que determina que hay un ganador “aparentemente exitoso” en las elecciones.
Algo que, por el momento, su directora, Emily Murphy, nombrada por Trump, no ha hecho.
Si bien Biden consideró oportuno dar unos días a la Administración Trump para que asimilase la derrota, poco a poco la campaña del presidente electo ve crecer su inquietud ante la postura beligerante del mandatario.
“Creemos que ya ha llegado el momento de que la directora de la GSA certifique con rapidez a Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta electa”, indicó un asesor de Biden en una llamada telefónica anoche.
Esta certificación es necesaria para que la mecánica de la transición comience a operar, al otorgar acceso a miembros del equipo del presidente electo a información gubernamental y que puedan establecer contacto con los funcionarios de las agencias federales.
Biden considera especialmente necesario este paso ante la gravedad de la crisis del coronavirus, que ha dejado en Estados Unidos más de 237 mil muertos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó por primera vez a dos personas para que el Gobierno de México garantice su tratamiento contra el VIH, en medio de una crisis de desabasto de medicamentos.
La sentencia obligará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Estado a garantizar que las personas amparadas reciban el tratamiento médico oportuno, afirmaron las asociaciones México Igualitario y Centro de Orientación e Información de VIH/Sida (COIVIHS).
“La Corte sostuvo que en materia de salud, el Estado tiene una obligación de no solo garantizar la asistencia médica, sino de brindar un tratamiento adecuado, de manera oportuna, ininterrumpidamente y en el caso de enfermedades crónicas o síndromes, de forma vitalicia”, indicaron en un comunicado.
La @SCJN reconoce que el desabasto de medicamentos antirretrovirales viola los DDHH.@COIVIHSQRO y México Igualitario, quienes brindaron el acompañamiento a las personas que les negaron el tratamiento, celebran esta decisión. pic.twitter.com/IEKrseINel
El fallo, aprobado por unanimidad en la Primera Sala de la SCJN, ocurre en medio de las protestas ciudadanas contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por desabasto de medicamentos en el sistema público de Salud.
Además, por iniciativa del presidente, el Congreso aprobó el mes pasado desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar, también conocido como el de enfermedades catastróficas, para que el Gobierno disponga de sus 33 mil millones de pesos.
En México hay casi 313 mil personas seropositivas a VIH y las asociaciones denuncian que cerca de la mitad de ellas dependen del Fondo de Salud para el Bienestar.
Con la sentencia de este día, argumentaron, se ha reconocido que la falta de tratamiento antirretroviral en el IMSS “viola su derecho a la salud”.
“El proyecto de sentencia aprobado enfatiza los compromisos internacionales y nacionales que el Estado tiene para garantizar el respeto del derecho a la salud para todas las personas, pero en especial a las que viven con VIH”, indicó el boletín.
Aunque el fallo solo amparó a dos derechohabientes del IMSS, las asociaciones señalaron que la Primera Sala estableció los estándares de protección del derecho a la salud de las personas que viven con VIH.
Además, la Suprema Corte indicó que el Estado debe comprobar que ha implementado medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole para atender el problema de desabasto.
“En caso de que los recursos del Estado sean insuficientes, por tratarse de violaciones a derechos fundamentales debe solicitar la ayuda internacional, de lo contrario estará violentando derechos humanos y discriminando a las personas que viven con VIH”, advirtió el comunicado.
(MiMorelia.com).- Aspirantes a la gubernatura de Michoacán, por los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que perfilan una candidatura común para el proceso electoral 2020-2021, se reunieron esta tarde en un restaurante de la ciudad, para construir una agenda, según lo reveló el perredista, Carlos Herrera Tello.
Además del actual secretario de Gobierno, asistió un legislador local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); el exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Silva Tejeda; el diputado local, Arturo Hernández Vázquez y el legislador federal, Armando Tejeda Cid, por el Partido Acción Nacional(PAN), además de un exmilitante de este último partido que, a través de una candidatura independiente, gobernó
En charla previa con medios de comunicación, especificaron que se trata de un primer encuentro público, con la expectativa de dialogar en torno a las necesidades del estado y del país.
Víctor Silva indicó que los tiempos legales en materia electoral para el registro de coaliciones, alianzas partidistas y candidaturas se aproximan, por lo que es necesario reforzar las pláticas que internamente han sostenido las dirigencias nacionales y estatales.
(Foto: Josimar Lara)
“Lo que hasta este momento se ha avanzado nos puede dar resultados muy rápido”, dijo el tricolor, sin dejar de puntualizar que el tema central es la definición de la candidatura común entre PRI-PAN-PRD, por el gobierno michoacano.
Carlos Herrera, por su parte, manifestó: “estamos quienes queremos a Michoacán, quienes somos positivos y propositivos, quienes queremos ver cómo sí Michoacán sale adelante con mayor velocidad… nos une el deseo de que Michoacán sea reconocido como lo que es, un estado de gente valiosa, gente de chamba, alegre, creativa, y a partir de hoy empezaremos a construir una agenda para ver cómo sí Michoacán tiene lo que merece”.
Arturo Hernández consideró que es momento de que se construya una nueva realidad, entre quienes están comprometidos por el estado, más allá de sus ideologías partidistas.
El gobierno de Donald Trump se niega a entregar diversos mensajes que los líderes mundiales le han enviado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.
La cadena CNN informó que el Departamento de Estado se niega a entregar a Biden y a su equipo de transición decenas de mensajes enviados por líderes extranjeros.
Trump se rehusa a reconocer su derrota electoral y ha presentado una serie de demandas para revertir los resultados electorales, que han proyectado a Biden como ganador.
Funcionarios del Departamento de Estado familiarizados con esta situación dijeron a CNN que los mensajes para Biden comenzaron a llegar el pasado fin de semana, cuando se confirmó su victoria.
El Departamento de Estado suele organizar las comunicaciones con los presidentes electos, pero la administración Trump le ha negado a su equipo de transición acceso a los fondos, la información y los contactos necesarios para comenzar esa tarea.
Biden, no obstante, ha mantenido conversaciones con líderes mundiales como la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson, o su homólogo irlandés, Micheál Martin.
El primer líder extranjero que habló con Biden para felicitarle por su victoria, el pasado lunes, fue el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, mientras que este miércoles lo hizo con los primeros ministros de Japón, Yoshihide Suga, de Australia, Scott Morrison, y con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, según informó su equipo.
#AHORA El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha conversado vía telefónica con Joe Biden.
Están listos para trabajo conjunto, asegura el premier canadiense.
El número de países que aún no han reconocido a Biden se ha ido reduciendo, pero incluye a México y Brasil, además de Rusia y China.
Biden ha llevado a cabo todas estas llamadas sin la ayuda del Departamento de Estado, como suele ser habitual en otras transiciones de gobierno en EE.UU.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, sorprendió el martes al asegurar en una rueda de prensa, preguntado por la falta de colaboración con el equipo de Biden, que en Estados Unidos habrá “una transición suave” hacia un segundo mandato de Donald Trump.
Pompeo remarcó que se siguen “contando los votos” y se espera que se complete el proceso.
La campaña de Trump ha presentado varias demandas en estados en disputa por el conteo de votos alegando un supuesto fraude electoral generalizado, sin ninguna evidencia que demuestre.
Para ganar las elecciones en los tribunales, Trump debería darle la vuelta al escrutinio en Pensilvania, Georgia y Nevada o Arizona, todos ellos estados en los que Biden ya ha sido declarado ganador o lidera el escrutinio de forma clara.
Según los últimos conteos, Biden cuenta con 290 delegados en el Colegio Electoral, por encima de los 270 que otorga la victoria, mientras que Trumptiene 217 y faltan 42 por decidir.
En las últimas dos semanas y luego de que la clínica reportó una saturación de camas COVID, se disparó el número de contagios entre el personal de salud.
Esta tarde, se confirmó que la mitad del cuerpo de gobierno de esta institución de salud se infectó del virus SARS-CoV-2. Entre ellos, el director general del ISSSTE, Alejandro Gómez Alvarado, la subdirectora, la secretaría, la jefa de Recursos Humanos, la jefa de Enfermeras y algunos coordinadores. A estos contagios, se suman los que se han contabilizado durante esta pandemia y que han afectado a personal administrativo, médico, de enfermería, internistas, camilleros y de diversas áreas del nosocomio.
Del 20 de mayo al 9 de noviembre de 2020, son 108 trabajadores de la salud de este Hospital General los que se han contagiado de COVID-19 y en la actualidad, hay alrededor de 20 casos activos, es decir, personal que se encuentra en aislamiento domiciliario recuperándose de esta enfermedad.
En el mismo periodo, también se han reportado 95 casos sospechosos aunque el delegado local de la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Salvador Sepúlveda Zamarripa indicó que la cifra podría ser mayor pues algunos compañeros y compañeras que recurren a laboratorios particulares a realizarse la prueba diagnóstica de COVID-19.
El líder sindical urgió a la necesidad de apoyar con pruebas de detección a esta institución médica para proteger al personal de salud porque “estamos expuestos a contagiarnos otra vez, ahorita ya están saliendo trabajadores que se recontagiaron”.
Mencionó que en la actualidad no hay overoles pues se sustituyeron por batas muy delgadas lo que no da tranquilidad al personal.
“Los cubrebocas sabemos que hacen falta, las caretas, los goggles, todo eso nos está haciendo falta. Ahorita tenemos el primer piso lleno que son cerca de 24 pacientes más aparte el área de Urgencias que la hicieron COVID, incluso hay gente que está en espera para que le den un lugar”.
Por su parte, el director del ISSSTE explicó a El Siglo de Torreón que dentro de lo que cabe su estado de salud es bueno.
“Contagios siempre ha habido dentro del personal en mayor o menor medida, sin embargo, en estas dos últimas semanas pues se agudizó el número de contagios al igual que en la población en general. Usted sabe que tenemos dos semanas con la ocupación saturada y pues no queda uno exento también de estar en ese riesgo, pero pues hay que continuar, somos la primera línea de batalla en este problema y pues el riesgo para nosotros es alto. Desafortunadamente la mitad de mi cuerpo de gobierno está ahorita en aislamiento, hemos tenido fallecimientos de compañeros la semana pasada”.
Indicó que esta situación no es propia del Hospital General del ISSSTE sino que se presenta en todas las clínicas que atienden la pandemia por el SARS-CoV-2.
Tal como se esperaba, la reforma al outsourcing despertó reclamos. La Coparmex se quejó de que el Gobierno federal no los invitó a las mesas para definir el futuro de esa modalidad de contratación, pero de acuerdo con especialistas, los tiempos en que los empresarios dictaban las leyes ya pasaron.
–Con información de Efrén Flores
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- Poco después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, y el titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, presentaran la iniciativa para regular el outsourcing, el líder del sindicato de patrones más grande de México acusó al Gobierno federal de traición porque no les consultó. Pero la reforma que propone el Ejecutivo federal es para frenar el abuso que comenzó desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que por años realizaron miles de patrones, utilizando esta figura de contratación para “estafar“ a los trabajadores.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther, un empresario que es un abierto opositor al Presidente López Obrador, aseguró que la iniciativa del outsourcing violenta los acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones de patrones y es una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal, estos últimos argumentos utilizados por los empresarios, por ejemplo, para evitar el aumento al salario mínimo desde el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari.
El día de ayer, el Gobierno de México envió al Congreso una reforma en materia laboral para modificar el esquema de subcontratación con el fin de ordenar el esquema y deje de ser una modalidad que permita la evasión fiscal y afecte a la población trabajadora en sus prestaciones. La titular de la STPS, Alcalde Luján, dijo que la base del proyecto de reforma establece que el trabajo no es una mercancía sino un derecho y un deber social. La propuesta de reforma, agregó, es integral.
De acuerdo con especialistas consultados por SinEmbargo, las resistencias a la reforma eran previsibles. Pero coincidieron en que después de años en que los derechos laborales fueron pisoteados por este modo de contratación, preguntar si se está a favor o en contra es como preguntar si se continúa o no con la esclavitud. Otros expertos en el tema laboral consideraron que la iniciativa es “agresiva” al momento en que prohíbe de manera generalizada el outsourcing y no opta por la regulación de éste.
La subcontratación se afianzó en los estratos laborales más bajos, no en los servicios especializados. Foto: Cuartoscuro.
Ante la pregunta, de si era adecuado incluir al sector privado en la discusión de la viabilidad del outsourcing, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que era inaceptable el reclamo del líder de la Coparmex porque los trabajadores están “esclavizados y parte de su ganancia, de su plusvalía, se le entrega a un personaje que simplemente cumple un papel de fantasma laboral. La relación de trabajo se establece entre patrón y trabajador. Olvidémonos del outsourcing, eso sería lo mejor para el país, lo más justo”.
“¿Cómo voy a consultar [a los empresarios] si el outsourcing es algo indebido? Es preguntar si consideran adecuado que se debe acabar este tipo de esclavitud; los patrones van a decir que no porque es un privilegio para ellos. Estamos en un régimen donde los patrones tienen su lugar pero no nos gobiernan. Eso es importante. Antes gobernaban los patrones; ellos iban y le decían al Presidente qué hacer. Eso fue antes, ahora no. Y claro ese privilegio de poder mandar duele que se los quiten”, agregó el especialista.
LOS CAMBIOS QUE VIENEN
El saldo de la subcontratación, a la que la administración de Felipe Calderón Hinojosa le dio luz verde y que Enrique Peña Nieto se encargó de aplicar, es negativo para los mexicanos. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son claros: la subconcontratación fue año con año en aumento: en 2004, la cantidad de personal subcontratado era de 1 millón 399 mil 264 y para 2009 la cantidad ya era de 2 millones 732 mil 247; en 2014 se situó en 3 millones 578 mil 247 y para 2019, la cifra más reciente, fue de 4 millones 685 mil 356 personas.
En el mismo periodo en que el outsourcing vivió su época de oro y es el del salario. En las grandes empresas, la tasa de crecimiento anual de 2014 a 2019 fue de -3 por ciento; en las Pymes fue de -0.5 por ciento y en las micro, de -0.1 por ciento.
La nueva propuesta federal contempla la regulación de tres figuras vinculadas al outsourcing: la subcontratación de personal; los servicios y de obras especializadas; y las agencias de colocación. También incluye sanciones más severas, como multas, además de proceder en contra del empleador con base en el delito de defraudación fiscal.
La titular de la STPS, Luisa Alcalde Luján, dijo que las pensiones son uno de los principales problemas ocasionados por el outsourcing. Foto: Cuartoscuro
Luisa María Alcalde estimó que al año hay una creación de 200 mil puestos para trabajadores subcontratados. El esquema participa en empresas grandes de más de 250 personas empleadas, que se desarrollan en sectores como el de la manufactura y el de servicios, principalmente.
De acuerdo con Enrique Larios, se trata de una segunda declaración para abolir la esclavitud de los seres humanos, “el trabajador que presta sus servicios a través de outsourcing es alquilado, es tratado como cosa y hay alguien, que es la empresa outsourcing, que tiene una ganancia inmoral. El sector empresarial dice que no fue consultado. ¿Se necesita que los empresarios estén de acuerdo en acabar con la esclavitud para acabarla? Yo creo que no. Esto no nada más es una cuestión de un gobierno, es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo”.
El abogado dijo que en el plano siguiente se debe caminar hacia una relación directa como lo establece la Ley Federal del Trabajo, en la que la subcontratacion “es un pegote que se hizo en 2012 y no se le consultó a los trabajadores; se les habrá consultado a los líderes de los sindicatos, de algunos. Ellos dan firmas al mejor postor, pero a los trabajadores no consultaron, a la academia tampoco”.
Sobre esto, la maestra Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, dijo que al hablar de outsourcing se parte de dos puntos de vista: cuando se es el patrón “sí conviene porque no se pagan impuestos, no se tiene la relación obrero-patrón” pero del lado de los trabajadores son violentados todos los derechos laborales.
“Me extraña que se manifiesten ahorita. Pareciera que estas agrupaciones, lejos de estar más preocupados por la protección de los trabajadores, están enfocados en sus intereses. Cabe la pregunta, ¿me perjudica o me interesa que los trabajadores tengan más y mejores derechos? Es una doble moral”.
MEJOR REGULACIÓN QUE PROHIBICIÓN
En un comunicado de prensa, la Coparmex aseguró que con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.
“El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal. Asimismo, está a favor de cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la Subcontratación Laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. Se debe regular, no prohibir”, se agrega en el comunicado.
José Luis Vásquez Costa, coordinador de la Licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, comentó en entrevista que la iniciativa es un tanto agresiva al ser similar a la que el Senador Napoleón Gómez Urrutia presentó a inicios de este año en la que asentaba que casi todas las empresas que se dedican al outsorucing son ilegales.
“En ese momento el Presidente dijo que no era el momento de hacer esa ley porque no se podían perder empleos por la pandemia. Ahora es sorpresivo que el Gobierno federal lo hace, pero además lo hace con la misma intención, porque la propuesta de prohibición de la subcontratación no es solo hacia un tipo de empresas, sino hacia toda la subcontratación”, dijo.
El outsourcing incluso encontró lugar en el Gobierno federal. Foto: Cuartoscuro
También dijo que dentro del texto se incluye un esquema que clarifique si son todas las empresas, porque hay unas empresas grandes que se dedican a esto y que están dentro de esquemas regulados que cumplen con las obligaciones.
Sobre la opinión de que se perderán empleos, señaló que no se frenará la apertura de nuevas plazas de empleo, sino que pasará tiempo para que se pueda observar cuál es exactamente el esquema sobre el que las empresas se van a tener que mover, ya que se pretenden armonizar seis leyes, no solo la Ley Federal del Trabajo, sino la Ley del IMSS, del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, el ISR e IVA.
“Quiere decir que no solo habrá una regulación en la parte laboral, sino también en la parte fiscal. Adicional a ello, están hablando de multas y de señalar como defraudadores fiscales a las empresas que llevan a cabo la actividad, pero como hay un contrato de servicios, entonces quien contrate ese tipo de empresas será responsable solidario y seguro caerá en el ojo del huracán”, explicó Vásquez Costa.
Por su parte, el doctor Luis Antonio Andrade Rosas, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, dijo que en un contexto como el actual, en que la pandemia agrava la situación económica y en que la subcontratación de trabajadores genera incentivos de inversión a costa de beneficios sociales, una reforma que no integre a los actores directamente involucrados podría traer consecuencias negativas, ya sea deprimiendo rubros de inversión o causando reducciones salariales y pérdidas de empleo para compensar aumentos en prestaciones sociales.
Para el académico, el problema con el outsourcing no sólo son los esquemas de defraudación a los sistemas de seguridad social que el Gobierno busca prevenir y perseguir, sino la complicada relación de elementos en la cadena productiva que involucra dinámicas para mejorar utilidades por parte del empresariado, en tensión con la necesidad del trabajador de tener mayores ingresos y garantías de desarrollo laboral y personal. En ese sentido, el especialista en temas de negocio explicó que el Gobierno debe de fungir como un intermediario y regulador, más que como una instancia de imposición.
Si el Gobierno federal interviene de manera equívoca, expuso Andrade Rosas, “va a causar un mayor desempleo o va a haber al menos fuga de capitales por parte de las empresas, por la restricción en la flexibilidad” de éste tipo de esquema laboral. “¿Cómo se puede mediar? Con un acuerdo entre trabajadores y empresas sin que se imponga el Gobierno”, abundó el investigador.
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