En la mañanera del lunes el Presidente anunció el lanzamiento de los “Tianguis del Bienestar”, los cuales se dedicarán a vender la mercancía que el gobierno decomisa por toneladas.
Simplemente por las aduanas del país, que administra Horacio Duarte, pasan miles de contenedores de ropa, calzado, juguetes, telas, cosméticos, relojes, lociones y perfumes apócrifos o ilegales.
Andrés Manuel López Obrador dice que ya se está haciendo una reforma administrativa para que el Estado tome esos productos y los disperse entre los más pobres del país.
Para ello instalará esos tianguis en distintas zonas de la geografía nacional para vender a precios bajos tales artículos decomisados y beneficiar así a los mexicanos que menos tienen.
El Presidente está a punto de legalizar e institucionalizar un delito: la piratería, lo que nos volvería a colocar una vez más en la mira de nuestros principales socios comerciales.
De proceder esta última ocurrencia del inquilino de Palacio Nacional, no dude que nuevamente los afectados busquen la protección de la justicia federal, mediante una avalancha de amparos.
Los primeros van a ser los titulares de las marcas pirateadas, cuyos derechos de propiedad intelectual se violarían por partida doble: la del pirata que busca un lucro indebido, y la del pirata institucional.
Los segundos en denunciar la práctica serán Estados Unidos y Canadá, con quienes México supuestamente tiene un Tratado de Libre Comercio que cuenta con un capítulo de propiedad intelectual.
A los socios comerciales no les va a gustar que por decreto se legalice lo ilegal, ni tampoco que una mercancía asegurada ingrese al mercado, porque se trata de artículos que violan sus reglas.
La Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual ya se pronunció en contra de comercializar productos decomisados por alguna violación a derechos de propiedad intelectual.
Además de promover la ilegalidad, los “Tianguis del Bienestar” serían una competencia desleal para el comercio formal: por cada artículo que no paga impuestos que se venda, se dejará de vender uno que sí lo paga.
Esta mala idea que adelantó López Obrador conlleva otro riesgo en términos de salud pública: ¿se pondrán a la disposición de los pobres bienes elaborados con materiales de dudosa calidad?
Ni la Procuraduría Federal del Consumidor, ni la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, ni la Comisión Federal de Competencia Económica, ni el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial han dicho, “esta boca es mía”.
EFECTIVAMENTE, ALPHACREDIT ESTÁ gastando millones de dólares al mes en la investigación interna para saber qué pasó con 4 mil millones de pesos que contablemente no cuadran. Pero no es un tema que controlen sus fundadores. La decisión fue del Consejo de Administración, integrado por cinco miembros que tienen un voto. Augusto Álvarez y José Luis Orozco apenas reúnen uno. El consejero de mayor peso es Alan Cohen, que también preside el comité que realiza la auditoría, que nos dicen prácticamente ya es una pesquisa. Este ex funcionario de la SEC podría tener un conflicto de interés en la prolongación de las indagatorias que los asesores financieros de la reestructura creen que no aportará gran cosa.
SANTANDER QUIERE QUE la Suprema Corte atraiga el expediente de la sucesión de Roberto Garza Sada, fundador de Grupo Alfa. Le informé de la disputa de los hijos por su herencia. Ya hubo una resolución de un tribunal colegiado que determinó la responsabilidad del banco de Ana Botín para que Roberto Garza Delgado dispusiera indebidamente de las acciones depositadas en un fideicomiso de esa institución, en detrimento de sus hermanas María del Carmen, Gabriela y Viviana. Incluso se condenó al banco, pero ahora éste vía su abogado, Javier Quijano, trata de escalarlo a la máxima instancia de procuración de justicia.
Y YA QUE hablamos de Monterrey, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil y del Trabajo de Nuevo León, a cargo de Mario Cantú, acaba de admitir ayer el concurso mercantil de Promobien. Se trata de una empresa subsidiaria del Grupo Famsa, también en concurso desde octubre del año pasado. Esta otra era la filial de Humberto Garza encargada de otorgar créditos de consumo. Promobien había solicitado el concurso desde el 13 de mayo pasado. El Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, va a nombrar conciliador a Roberto Barquera, el mismo que se designó para el caso del grupo.
LAS NEGOCIACIONES PARA tratar de arreglar el desastre de Interjet, que dirige Carlos Rello, darán un giro de 180 grados. Sucede que las autoridades se percataron que hay una negociacion personal de Javier Mondragón, abogado de la familia Alemán, con Alejandro del Valle, el presidente del consejo de administración de la aerolínea. El tema es que en los acuerdos de ambos no se estarían cuidando ni los intereses de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, ni los intereses de los cerca de cinco mil trabajadores que se quedaron sin empleo y que fueron los que promovieron el concurso mercantil en etapa de quiebra.
LOS QUE VAN viento en popa con sus desarrollos turísticos y residenciales son los de Tantum Business, de Jorge Gastélum. A finales de año se pondrá la primera piedra del proyecto de Litibú, en la Riviera Nayarit. Es un complejo hotelero-residencial que ya cuenta con un socio inversionista que aportará 20 millones de dólares de los 70 millones comprometidos. En su otro proyecto de tres mil hectáreas en San Bruno, Loreto, Tantum ya tiene el plan maestro elaborado por la firma internacional EDSA. Constará de seis hoteles categoría gran turismo, marina, campo de golf de 27 hoyos, viñedos y varios fraccionamientos residenciales.
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