MARCO SIFUENTES
27.08.2020 / 08: 27
En “Así mueren las demócratas”, Levinsky y Ziblatt afirman que la oposición venezolana “convocó una huelga general indefinida en diciembre de 2002, con el objeto de paralizar el país hasta forzar la dimisión de Chávez. La huelga se prolongó dos meses y se calcula que costó a Venezuela unos cuatro mil quinientos millones de dólares, y acabó fracasando.
“A continuación, las fuerzas contrarias a Chávez boicotearon las elecciones legislativas de 2005, cosa que no hizo más que permitiría a los chavistas hacerse con el control del Congreso. “Las estrategias fueron contraproducentes. No solo no consiguieron derribar a Chávez, sino que además erosionaron el apoyo público a la oposición, permitieron a Chávez etiquetar a sus adversarios de antidemócratas y brindaron al gobierno una excusa para purgar el ejército, la policía y los tribunales, arrestar o exiliar a la disidencia y clausurar los medios de comunicación independientes.
“Debilitada y desacreditada la oposición, no estuvo en disposición de frenar la caída subsiguiente del régimen en el autoritarismo”.
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Mientras que en Colombia: “Uribe, elegido en 2002 intentó apoderarse (sic) del poder al estilo de Chávez. Su administración calificó una crítica de subversiva y de terrorista, espió a miembros de la oposición y periodistas, intentó debilitar la magistratura y en dos ocasiones buscó modificar la constitución para gobernar durante un mandato adicional. Pero a diferencia de lo sucedido en Venezuela, en Colombia la oposición no intentó derribar a Uribe por medios extraconstitucionales. En lugar de ello, tal como demuestra la politóloga Laura Gamboa, centró sus esfuerzos en el Congreso y los tribunales. Ello hizo que a Uribe le resultará más difícil poner en entredicho las credenciales democráticas de sus adversarios o justificar la adopción de medidas drásticas contra ellos. A pesar de los abusos de Uribe, no se produjo una guerra institucional al estilo de Venezuela y las instituciones democráticas del país no se vieron amenazadas. En febrero de 2010, la Corte Constitucional dictaminó que la postulación de Uribe para un tercer mandato era inconstitucional y lo obligó a abandonar la presidencia concluido su segundo mandato.
“La lección que debe inferirse es la siguiente: si existen canales institucionales, los grupos de la oposición deben utilizarlos”.
De cara al 21, he venido insistiendo sobre la necesidad de celebrar una Gran Convención Nacional Democrática que coaligue todos los esfuerzos de las y los mexicanos y sus organizaciones que se precien de ser demócratas, incluyendo partidos políticos, gobernadores, alcaldes, legisladores, organismos empresariales y productivos, universidades, y sociedad civil, de la cual se desprenda el Acuerdo Nacional “Otro México es posible”, que trascienda el fracaso lopezobradorista, sin pretender una restauración del pasado régimen, sino más bien la consolidación democrática definitiva del país.
Evitando caer en manos de tibios, mezquinos y mediocres que la lleven al fracaso, esta propuesta apunta a ser el símbolo inequívoco del principio del fin del régimen autoritario y fallido autodenominado la 4T.
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