Si alguien le hubiera pedido a un experto su opinión sobre cómo aniquilar la aviación comercial del país, exactamente hubiera recomendado todo lo que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador en torno a este sector, que es la columna vertebral del desarrollo económico.

El haber cancelado la construcción del aeropuerto de Texcoco, para dar paso a una ocurrencia de AMLO, fue el principio de la catástrofe, ya que en lugar de contar en estos momentos con uno de los aeropuertos más importantes del mundo por la movilidad de los pasajeros, tenemos uno, el AIFA, que funciona por decreto y no por así convenir a los intereses de los pasajeros y de las empresas para movilizar su carga.

El chantaje, la presión y los decretazos para que las operaciones de carga se hagan desde esa terminal aérea, son solo una manifestación del dejo totalitario del gobierno por impulsarlo y que, al final del día, después de que termine la actual administración, servirá para lo que originalmente fue concebido, un aeropuerto militar.

La cancelación de la terminal aérea de Texcoco que llevaba un avance del 30 por ciento, y que se estimaba entrar en operación en 2022, no solo retrasó el crecimiento de la aviación comercial y del desarrollo económico y turístico de México, sino provocó un desfalco en las arcas públicas, por primero, perder la inversión inicial que llevaba esa terminal aérea, luego, indemnizar a los tenedores de bonos y que todavía faltan varios años para liquidarlos y por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación estimó un daño patrimonial calculado en más de 300 mil millones de pesos, aunque después ajustó a la baja.

El costo del AIFA hay que sumarlo también al daño patrimonial.

Luego vino la degradación al perder la categoría 1 de seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, y que, no obstante las promesas del presidente de remediar a la brevedad las observaciones que hiciera esta agencia, ya pasaron 18 meses y a la fecha siguen impedidas las líneas aéreas mexicanas de abrir nuevos vuelos a Estados Unidos, no obstante contar con 80 aviones de última generación adquiridos recientemente por Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris.

Al no cumplir con los estándares mundiales de seguridad en la aviación que impone esa agencia y a pesar del optimismo que prevalece en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jorge Nuño, por recuperar la máxima categoría de seguridad aérea de Estados Unidos, la verdad es que se mantiene la desconfianza para que se logre el estatus máximo de seguridad, en virtud de que muchas de las observaciones tienen que ver con la asignación de presupuesto para remediar las fallas encontradas, y como estamos en tiempos de la austeridad franciscana, que no es otra cosa que solo fondear la construcción de las tres obras insignia del presidente, así como los programas de política social con tintes electorales, pues resulta difícil creer que van a proporcionar el presupuesto requerido.

En tiempos de Felipe Calderón se perdió la categoría 1, pero se logró recuperar en cuatro meses; ahora con este gobierno ya pasaron 18 meses y todavía no se vislumbra para cuándo se logre.

Son tres temas en los que debe trabajar el gobierno de AMLO para recobrar la categoría 1: cambios en la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos, el presupuesto para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y el Plan de Acción Correctiva de seguridad aérea operacional.

Y por si faltara algo para darle la puntilla a la aviación comercial, se han enviado a la Cámara de Diputados por parte del presidente reformas a la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos para que aerolíneas extranjeras puedan cubrir destinos dentro de nuestro país, una vez que lleguen a territorio nacional, el famoso cabotaje.

Esta propuesta de AMLO para permitir el cabotaje a aerolíneas extranjeras para que realicen vuelos comerciales en territorio nacional, cediendo con ello el espacio aéreo, en detrimento de las líneas aéreas nacionales, es más producto del resentimiento que de razones comerciales, ya que si las líneas de aviación mexicanas no quieren volar al AIFA, es porque se carece de la conectividad terrestre, además de que no se tienen las salas necesarias para el ascenso y descenso de pasajeros y claro, porque no hay demanda.

Si en 1853, el peor presidente que ha tenido México, Antonio López de Santa Anna, cedió la mitad del territorio nacional a Estados Unidos, ahora, otro López, pretende hacer algo similar, con permitir que las líneas áreas extranjeras penetren en espacio aéreo mexicano y se apropien  de la mayoría de las terminales aéreas del país.

Esperemos que el bloque opositor en el Congreso impida el cabotaje de líneas extranjeras; de hecho, se ha reconocido el efecto pernicioso que tendrá la medida y por ello, según palabras de Ricardo Monreal, pastor de los senadores de Morena, se reunirán con expertos y todos los afectados para escuchar sus opiniones.

Y si no se logra frenar el cabotaje en el Poder Legislativo, pues está la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Poco tardaron los voceros del presidente Andrés Manuel López Obrador para cuestionar el enfoque de la columna publicada en este espacio el martes sobre el juicio en la corte federal en Brooklyn del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, donde se argumentó que era todo México a quien se había sentado en el banquillo de los acusados. El veredicto será sobre García Luna, pero la sentencia condenatoria será contra este país. No quieren en Palacio Nacional que se vean los árboles porque sólo buscan que los mexicanos vean la rama que conecte con el gobierno de Felipe Calderón. Empero, ayer se confirmó la hipótesis de trabajo por donde menos hubieran deseado: el Presidente.

El contrainterrogatorio de la defensa de García Luna al testigo estelar de la fiscalía, Jesús Reynaldo el Rey Zambada, provocó tensión y enfrentamiento entre los abogados. Keegan Hamilton, corresponsal de Vice News, que cubrió también el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán en la misma corte, reportó de esta manera el detonante del intercambio en su cuenta de Twitter:

“El abogado defensor César de Castro le preguntó al Rey Zambada en el contrainterrogatorio si recordaba haberle dicho a Estados Unidos sobre pagos a Andrés Manuel López Obrador por 7 millones (de dólares). El Rey dijo que no recordaba haber dicho eso”.

“En la réplica, De Castro fue más específico, alegando que el Rey Zambada le había dicho a los investigadores estadounidenses que esos 7 millones le habían sido pagados a través de Gabriel Regino cuando AMLO estaba en contra de Vicente Fox. El Rey volvió a insistir: ‘No pude haber dicho eso porque no es verdad’”.

Arturo Ángel, periodista mexicano que está en el juicio, abundó en su cuenta de Twitter: “De Castro le dice si no recuerda que mandó dinero a una campaña de AMLO a través de Gabriel Regino. Zambada dice que ‘era dinero para una campaña’, pero no especifica cuál”.

Según las crónicas periodísticas, De Castro iba a mostrarle la transcripción de su declaración de 2013, donde menciona el soborno al Presidente, pero, señaló Hamilton, “la fiscal interrumpió las preguntas sobre AMLO y pidió hablar con el juez. Hubo una breve discusión; De Castro cambió su línea de cuestionamientos. No hubo mayores detalles sobre los supuestos pagos”.

López Obrador, recordó Hamilton, ya había sido acusado por el Rey Zambada, durante el juicio del Chapo Guzmán, de haber recibido sobornos para la campaña presidencial de 2006. Esto quedó plasmado en un documento oficial de la Corte del Distrito Este en Brooklyn el 15 de enero de 2019, que dirigieron los fiscales, encabezados por Richard Donoghue, al juez Brian Cogan, que también lleva el juicio a García Luna. En esa comunicación, que originalmente estuvo clasificada como confidencial, se menciona como antecedente:

“En su discurso de apertura, el abogado defensor prometió al jurado que el juicio revelaría detalles salaces sobre sobornos a personas de alto nivel, incluidos múltiples presidentes de México. ¿Cómo hizo (Ismael el Mayo Zambada) para salirse con la suya como el narcotraficante más poderoso del planeta cuyo nombre nunca han oído? Les voy a decir por qué: paga por eso. Soborna a todo el gobierno de México, incluido el que está hasta arriba: el actual Presidente de México y, en buena medida, al que le precedió. Lo voy a decir una vez más con énfasis: el actual y el anterior presidente de México recibieron cientos de millones de dólares en sobornos del Mayo, de acuerdo con testigos del gobierno”.

La defensa buscaba persuadir al jurado que el Chapo Guzmán no era el líder del Cártel del Pacífico, sino empleado del Mayo Zambada, por lo que puso a testificar a su hermano, el Rey. Los fiscales objetaron el testimonio porque no había pruebas que apoyaran sus dichos. La propia corte cuestionó al abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, quien corrigió su afirmación. No era López Obrador, dijo, sino Peña Nieto y Calderón. Había contradicciones en las afirmaciones del Rey, y la defensa de García Luna lo confrontó el martes, señalando que había cambiado sus declaraciones. En el juicio al Chapo ubicó el soborno en 2006, cuando López Obrador contendió contra Calderón, y las acusaciones contra Peña Nieto no vinieron de él, sino de un lugarteniente de Guzmán, el colombiano Alexander Cifuentes.

Desde entonces, Peña Nieto, Calderón y Regino rechazaron tajantemente las imputaciones, y no se abrió ninguna causa penal en contra de alguno de ellos. Un vocero de López Obrador fue contactado por Hamilton, pero declinó comentar la imputación señalando “el hecho que las acusaciones venían de un testigo protegido en un juicio que no se estaba llevando a cabo en México”. Tampoco se inició ningún proceso en su contra.

De todos los altos funcionarios imputados, sólo García Luna fue perseguido por el Departamento de Justicia, con el Rey Zambada, al que cuestionaron los fiscales en su momento, como testigo estrella. En el juicio al Chapo señaló que le dio entre 3 y 5 millones de dólares a García Luna para protección, lo que repitió el lunes en la corte. La fiscalía también presentó ante el jurado a Cifuentes, para que dijera aquello que en 2019 objetó.

Con el Rey, la fiscalía cerró su caso contra el exsecretario, y parafraseando a De Castro en su discurso de apertura, el reportero Ángel señaló: “Podemos confirmar que no hubo audios, mensajes de texto, correos, fotos ni alguna evidencia de ese tipo que prueben los sobornos que García Luna supuestamente recibió más allá de los testimonios”.

Pese a todo, García Luna no tiene garantizado un veredicto de inocencia, y aun si así lo fuera –el jurado decidirá si existe una duda razonable sobre su culpabilidad–, el daño reputacional es enorme, y se extiende a López Obrador, Peña Nieto, Calderón, y a todo México, pintado en la corte federal de Brooklyn como un narco-Estado, aunque algunos, en su patología facciosa, no quieran ver el desprestigio internacional causado por quienes sólo buscan beneficios para lavar sus crímenes.

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