Economía mexicana: víctima silenciosa de la estrategia fallida de AMLO contra el narco

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El secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Reuters)
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Reuters) (Edgard Garrido/)

Las cifras de octubre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron las sospechas: la estrategia de seguridad del gobierno no está dando resultados. Con 28,741 homicidios, 2019 se perfila como el año más violento en la historia moderna del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió este jueves en que no utilizará la fuerza para combatir al crimen organizado que se extiende por amplias regiones de México, algunas, con un desarrollo industrial importante que también se ha visto afectado por la incertidumbre.

El caso del Bajío (región centro del país) ilustra los efectos nocivos en la economía, de una criminalidad rampante y una política de seguridad laxa.

Narcobloqueos en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Guanajuato.  
(Foto: Cuartoscuro)
Narcobloqueos en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Guanajuato. (Foto: Cuartoscuro) (© ALEJANDRO ROJAS/CUARTOSCURO.COM/)

Guanajuato, corazón del Bajío, es epicentro de la disputa de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima. De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta entidad tiene 5 millones 853.677 habitantes distribuidos en 46 municipios, cifra que representa el 4.9% del total del país, su principal actividad económica es el comercio y su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional es del 4.2% .

También tiene una importante actividad turística y por su ubicación geográfica, es una zona en donde pasan gran parte mercancías, así como ductos de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex). Es por eso que se ha vuelto una pieza clave para el trasiego de drogas, extorsiones y robo de combustible.

Desde hace por lo menos seis años, la pelea por Guanajuato ha dejado ríos de sangre en la entidad. Del 2013 a la fecha, bajo el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez, los homicidios dolosos en la entidad se dispararon, al grado que en el 2018, Guanajuato ocupó el primer lugar nacional en ese delito.

De acuerdo con el Inegi, mientras que en el 2013 se registraron 701 casos, en el 2018 ocurrieron 3.412 homicidios, lo cual representó una cifra histórica. Sin embargo, se prevé que en el 2019, se supere y es que hasta octubre de este año, se han perpetrado 2.255 homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

La entidad es disputada por al menos cinco organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CDS), Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), Cártel del Golfo (CDG) y algunas células remanentes de Los Zetas.

Aunque cada cártel ha logrado consolidar zonas de influencia, el de Jalisco Nueva Generación liderado por Nemesio Oseguera Cervantes ha intentado apoderarse del estado, por lo que José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro” y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, que se dedica principalmente al robo de combustible (conocido en México como huachicoleo), le ha hecho frente a sangre y fuego.

A esta batalla se han sumado las otras organizaciones, encabezadas por el Cártel de Sinaloa, con la intención de reforzar a “El Marro” y sacar a “El Mencho” de Guanajuato.

La pelea sin cuartel que se libra en Guanajuato, aunado a la guerra del gobierno federal en contra del “huachicoleo”, actividad principal del Cártel de Santa Rosa de Lima, ha ocasionado que las organizaciones criminales traten de allegarse de dinero rápido mediante la extorsión.

El gran negocio del “huachicoleo”

 (Foto: Especial)
(Foto: Especial)

Por Guanajuato cruzan numerosos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por lo que se ha convertido en la segunda entidad con más reportes de robo de gasolinas o “huachicoleo”. Datos de la empresa productiva del Estado, durante los tres últimos años fueron robados en Guanajuato 13 millones y medio de litros de combustible de sus ductos.

Es por eso que a inicios de este a llevó al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a emprender una lucha contra esta actividad delictiva que representaba un desfalco a la hacienda pública por más de 3.300 millones de dólares (USD).

Según el periodista Héctor de Mauleón, en 2018 más del 85% de las muertes violentas en Guanajuato tuvieron que ver con los grupos relacionados a la obtención ilegal del combustible.

Por su parte, Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University aseguró en un artículo periodístico, que el huachicoleo “es una industria similar en comportamiento y ganancias al narcotráfico”, por lo que señaló “la estrategia debería ser la misma que por años se ha sugerido para el narcotráfico y que puede causar un porcentaje menor de violencia: hay que ir a las redes financieras y asfixiar el negocio desde ahí”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha señalado que 45.000 millones de pesos (más de 2.200 millones de dólares) del robo de gasolina han entrado a esquemas de lavado de dinero con más de 114 empresas, de los cuales unos 10.000 millones (500 millones de dólares) estarían en el sistema financiero.

Al mismo tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó 194 gasolineras con inconsistencias fiscales, toda vez que las ventas que reportan superan las compras que tienen con Pemex. Ese diferencial, indica Buenrostro, revela que parte del suministro proviene de gasolina robada.

El huachicoleo se ha convertido en un negocio "fácil de mover" (Foto: Cuartoscuro)
El huachicoleo se ha convertido en un negocio “fácil de mover” (Foto: Cuartoscuro)

A inicios de enero de este año, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS) Juan Pablo González, aseguró que empresas con parque vehicular grande, con flotillas de 1.000 o 1.500 vehículos son las que adquirían el huachicol, entre ellas la Coca-Cola, que presuntamente compraba el combustible a mitad del costo real y que al parecer funcionarios de Pemex le entregaban facturas falsas. También se ha señalado que una importante empresa de pan del norte del país incurría en las mismas prácticas. Sin embargo, días después se desdijo.

“Me refería a que empresas de un gran parque vehicular como Coca-Cola, Pepsi y otras que tienen miles de automotores tienen autoabasto para que surtan sus combustibles”, recalcó.

En ese sentido, la Industria Mexicana de Coca-Cola negó rotundamente que compre gasolina a bajo precio o proveniente del huachicol, por el contrario, expuso, trabaja con proveedores autorizados.

“Nuestras plantas y centros de distribución pueden operar estaciones expendedoras propias que despachan combustible adquirido a precios de mercado. Si no fuera el caso, siempre trabajamos con proveedores debidamente registrados y autorizados, quienes emiten facturas que cumplen con todos los requerimientos fiscales”, precisó por escrito a Forbes México.

(Foto: Especial)
(Foto: Especial)

De acuerdo con un documento interno de Pemex sobre el robo de combustibles, dado a conocer por la revista Proceso también en el pasado mes de enero, se establece que, además del Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato también existe un fuerte dominio del Cártel de Sinaloa.

“Guanajuato también es territorio de Los Pelones, encabezados por Javier Ramírez Morales, “El Mónico” o “El Pelón”, que hurta dos mil 500 barriles de hidrocarburos por día y obtiene ganancias de seis millones 400 mil pesos al ordeñar los poliductos Salamanca-Zacatecas y Salamanca-León”.

El informe detalla que sus principales dominios son los municipios de Salamanca (comunidades y colonias Cárdenas, Loma de Flores, San José Temascatío, San Vicente de Flores y La Purísima) e Irapuato (San José del Marañón, El Carrizal, Malvas, El Copal y El Copalillo).

Pese a que están documentadas las actividades de robo de combustible por parte del Cártel de Sinaloa, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido una cacería contra José Antonio Yépez Ortz, el cual está considerado el principal líder huachicolero del país, sin que este haya podido ser aprehendido.

Comerciantes y una empresa transnacional, entre los principales afectados por las extorsiones

El 5 de agosto dos personas perdieron la vida al interior de la tortillería La India (Foto: Cuartoscuro)
El 5 de agosto dos personas perdieron la vida al interior de la tortillería La India (Foto: Cuartoscuro)

Desde el pasado mes de agosto, varias fábricas y tortillerías ubicadas en el municipio de Celaya bajaron sus cortinas debido a la extorsión. La situación fue expuesta por los propios comerciantes, pero tras la denuncia, vino la venganza de los criminales.

Un comando armado ingresó a las 17:00 del lunes 5 de agosto a la tortillería “La Indita” ubicada en la colonia Lagos y disparó en contra de tres mujeres que se encontraban en el sitio: la dueña, identificada como Virginia “N”, de 60 años, además de Dalinda “N” y Martha Cecilia “N”, empleadas. Todas fallecieron.

Los hechos provocaron el cierre masivo de tortillerías, afectando no solo a los empleados de esos negocios, sino a la población, que ronda los 500,000 habitantes, que se quedaron sin el producto.

El ataque fue perpetrado por extorsionadores del Cártel de Santa Rosa de Lima porque la dueña de la tortillería no habían pagado la cuota de cobro de piso.

De acuerdo con algunos testimonios recabados por medios locales, el Cártel de Santa Rosa de Lima les exigía pagos únicos de entre 30.000 y 500.000 pesos (USD 1.500-USD 26.000), además de pagos mensuales de 3.000 a 5.000 pesos mexicanos (USD 150-USD 260). Las extorsiones iniciaban a través un mensaje escrito en un papel, donde les pedían que se comunicaran a cierto número de celular.

Cuando lo hacían, supuestos miembros del cártel les advertían que la segunda vez se iban a presentar cara a cara para cobrarles.

Las amenazas afectaron también a restaurantes, carnicerías, hoteles y otros negocios. Según los hoteleros de Celaya, mensualmente son obligados a pagar 2,500 pesos (USD 130) a los extorsionadores. “Los sicarios te infunden tanto temor, que terminas haciendo los depósitos que te piden”, señaló Alberto Madrid a Noticieros Televisa.

La misma situación se ha replicado en otros municipios como Salamanca, Apaseo el Grande o en San Miguel de Allende. En éste último, comerciantes (principalmente restauranteros) de la joya colonial mexicana, han cerrado sus negocios por miedo a extorsiones de criminales, quienes incluso han intentado a obligarlos a vender drogas.

Pero el caso más representativo ocurrió el pasado 19 de septiembre en Celaya, cuando hombres armados llegaron al lugar y dispararon contra las instalaciones de la concesionaria de automóviles “Ford Montes”.

En consecuencia, la concesionaria, la cual era la principal distribuidora de Ford en la ciudad, cerró sus puertas tras años de operación.

Días después, el especialista en temas de seguridad, Alejandro Hope, alertó sobre la gravedad de la situación en su columna del periódico El Universal.

Una agresión en contra del canal de distribución de una empresa multinacional, le da la vuelta al mundo. No es que no sean graves los ataques en contra de empresas locales, pero no tienen el mismo impacto internacional. Eventos como el de la Ford en Celaya pueden tener efectos demoledores para la imagen del país y su capacidad para atraer inversión. Un intento de extorsión en contra de la red de ventas de una empresa multinacional debería de ser considerado como un atentado en contra de la economía del país”, alertó.

Hope aclaró que “si se permite que los grupos criminales pasen de extorsionar a pequeños comercios a cobrar cuota en negocios medianos o grandes, estos pueden adquirir un tamaño descomunal y convertirse en una amenaza severa para la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.

Debido a la violencia por la que atraviesa la entidad, 1,200 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército fueron desplegados en Guanajuato, de los cuales, 700 fueron desplegados en Celaya. Los 500 restantes, serán distribuidos en distintos municipios, así lo informó el actual gobernador, el panista Diego Sinhué.

Los contrastes

 (Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro) (Isabel Mateos/)

Pese a la situación que prevalece en Guanajuato, hay empresas transnacionales que han apostado por la mano de obra en esa entidad.

Es el caso de las armadoras de las empresas automotrices Mazda, Honda y Toyota. Esta última construye la llamada “Ecociudad del Bajío”, en los límites del municipio de Apaseo el Grande con el estado de Querétaro, que será inaugurada a inicios del 2020.

De acuerdo con Milenio, la “Ecociudad” se desarrollará independientemente de las 600 hectáreas en donde se instaló la armadora japonesa, por lo que estará integrada por territorio de al menos cinco comunidades rurales alrededor de la ensambladora.

Toyota pretende arrancar con una producción de 100 mil unidades, generando 800 empleos directos. Entre algunos de los servicios básicos con los que contará la armadora en sus 600 hectáreas de territorio, están: al menos seis pozos de agua, dos gasoductos, una estación de la Comisión Federal de Electricidad para el suministro eléctrico, además de contar con una conexión privilegiada con la empresa Kansas de ferrocarril, mismo que se encargará de transportar parte de lo producido.

Entre los proyectos estratégicos de esta Ecociudad, es que contará con un Parque de la Laguna, Parque Agricola, Avenida Central, un Área de Centralidad del Bajío, Sistema de Pueblos y Localidades , Nuevas Comunidades, una Ciudad Industrial, entre otros proyectos.

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